El RGPD y, sobre todo, la LOPDGDD, introducen en España nuevas garantías para los derechos digitales de usuarios y trabajadores. Pero, ¿cuáles son estos derechos digitales? ¿En qué consiste cada uno de ellos? ¿Qué pasa si se vulneran estos derechos?
¿Qué son los derechos digitales?
El término «derechos digitales» se refiere a aquellos que asisten a los ciudadanos en relación al uso de internet, dispositivos electrónicos o redes de comunicaciones.
El término tiene estrecha relación con la protección y cumplimiento de otros derechos existentes, tales como el derecho a la privacidad o a la libertad de expresión, en el ámbito de las nuevas tecnologías digitales, especialmente Internet.
El artículo 79 de la LOPDGDD (Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales) señala que los derechos y libertades incluidos en la Constitución Española y en aquellos Tratados Internacionales en los que España sea parte, son también plenamente aplicables en internet.
Asimismo, esta normativa establece la obligación de los proveedores de internet y prestadores de servicios de la sociedad de la información de velar por el cumplimiento y aplicación de estos derechos.
Origen de los derechos digitales
El origen de los derechos digitales está unido al nacimiento y desarrollo de internet y las nuevas tecnologías. Por tanto, no se comenzó a hablar de este tipo de derechos hasta prácticamente los años 90, cuando algunas entidades como la Electronic Frontier Foundation (EFF), comenzaron a solicitar la defensa de los ciberderechos.
Esta y otras organizaciones fueron pioneras en denunciar la discrepancia entre los derechos recogidos en las Constituciones de los países y los derechos de los ciudadanos en internet. Gracias a ello se fueron reconociendo paulatinamente los ciberderechos y la necesidad de establecer una legislación relativa a los derechos de los usuarios en internet.
Básicamente, los derechos digitales se han originado como una extensión de los derechos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con algunas modificaciones debido a las particularidades del entorno online. El objetivo principal de estos derechos es garantizar el acceso seguro a la red, defender los derechos y libertades fundamentales de los individuos y evitar la brecha digital.
Sin embargo es cierto que durante muchos años no ha existido un consenso internacional sobre la aplicación de estos derechos. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha sido la primera norma internacional que establece unas directrices comunes para la protección de datos y la defensa de los derechos digitales en los Estados miembros de la UE.
¿Dónde y cómo se regulan los derecho digitales?
El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece una serie de obligaciones para los países miembros de la Unión Europea en materia de protección de datos y respeto de los derechos digitales.
Sin embargo, el RGPD otorga potestad a cada uno de los Estado miembros para desarrollar sus propias normativas nacionales, siempre y cuando éstas no contravengan lo dispuesto en el reglamento europeo.
En este sentido, España ha desarrollado la LOPDGDD, que ha sustituido a la anterior LOPD. Esta ley ha puesto especial énfasis en la defensa y garantía de los derechos digitales, incluyendo algunos que hasta ahora no se habían recogido, como es el caso del derecho al olvido o a la desconexión digital de los trabajadores.
Los nuevos derechos digitales
Aparte de los derechos recogidos en anteriores normativas, como el libre acceso a internet, a la neutralidad en la red, o los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición, la LOPDGDD establece una serie de nuevos derechos en internet para los ciudadanos españoles. Estos nuevos derechos asisten al individuo tanto en el ámbito privado o doméstico, caso del derecho al olvido, como en el entorno laboral, por ejemplo el derecho a la desconexión digital.
El artículo 79 de la LOPDGDD señala que los derechos y libertades incluidos en la Constitución Española y en aquellos Tratados Internacionales en los que España sea parte, son también plenamente aplicables en internet.
Estos son los derechos digitales que debes conocer
¿Cuáles son los derechos digitales? A continuación hacemos un repaso a todos los derechos y obligaciones digitales recogidos en la normativa española y que son de aplicación para todos los ciudadanos, así como para los proveedores y prestadores de servicios en internet.
Derecho a la desconexión digital (en el ámbito laboral)
Los empleados tendrán derecho de estar desconectados digitalmente fuera de su jornada laboral.
Es decir, se prohibirá que nuestros jefes puedan contactarnos para temas del trabajo fuera de nuestro horario laboral. Si eso ocurriese, se podría imponer multas de hasta 10 millones de euros o hasta el 2% de la facturación anual.
El derecho a la desconexión digital tiene la finalidad de garantizar el respeto de su tiempo de descanso y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.
Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales (en el ámbito laboral)
Se garantiza la privacidad de los empleados indicando que el empresario solo podrá acceder al contenido de los dispositivos digitales facilitados a los trabajadores en dos supuestos:
- Para controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
- Garantizar la integridad de esos dispositivos.
Los empleadores deberán establecer los criterios de uso de los dispositivos digitales, abogando en todo caso por la protección de la intimidad de los trabajadores y los derechos reconocidos en la Constitución..
Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos (en el ámbito laboral)
Se prohíbe de forma expresa el uso de estos dispositivos en lugares como vestuarios, aseos o comedores. El uso de esos sistemas sólo se admitirá por parte de la empresa cuando haya un riesgo relevante para la seguridad de las instalaciones, bienes y personas, y siempre previa información a los trabajadores.
Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización (en el ámbito laboral)
El artículo 90 de la LOPDGDD señala que los trabajadores podrán tratar los datos recogidos a través de sistemas de geolocalización de acuerdo al ejercicio de las funciones de control de trabajadores previstas en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores.
Aunque no es necesario el consentimiento para geolocalización por parte de los trabajadores, los empleadores SÍ están obligados a informar de forma clara, expresa e inequívoca a los empleados sobre el la existencia, características y uso de estos dispositivos de seguimiento.
Derecho a la neutralidad de Internet
El artículo 80 de la LOPDGDD hace referencia a la neutralidad en internet, en el sentido de que los proveedores de servicios han de ofrecer una oferta totalmente transparente y sin aplicar discriminaciones por motivos económicos o técnicos.
Derecho al acceso universal a Internet
La normativa española sobre protección de datos señala que toda persona tiene derecho de acceso al mundo digital sin importar su condición personal, económica, social o geográfica.
Se ha de ofrecer un acceso universal y asequible para toda la población. No debe existir discriminación en el acceso a internet y se debe establecer como uno de los objetivos principales el de reducir la brecha digital por razón de sexo o edad.
Por otro lado, el derecho de acceso también ha de atender a la realidad particular de los entornos rurales, o de las personas con necesidades especiales.
Derecho al olvido en Internet (búsquedas o redes sociales y servicios equivalentes)
El artículo 93 de la LOPDGDD reconoce el derecho al olvido, entendido este como el derecho que todo individuo tiene a que se elimine la información relativa a su persona presente en los motores de búsqueda, cuando ésta sea inadecuada, inexacta, no pertinente, excesiva o esté desactualizada.
El derecho al olvido también hace referencia al derecho de los ciudadanos a que sean eliminados, con el simple acto de solicitarlo, todos aquellos datos que hubiese facilitado a servicios de redes sociales o equivalentes.
Derecho de portabilidad
El derecho a la portabilidad establece la potestad del interesado para transmitir sus datos personales a otro responsable del tratamiento, o a solicitar que su responsable actual los transfiera a uno de su elección.
Los prestadores de servicios solo podrán mantener esa información, debidamente protegida, en el caso de que su conservación sea necesaria para cumplir con una obligación legal.
Derecho a la seguridad digital
Otra de las obligaciones y derechos digitales es el derecho a la seguridad digital, recogido en el artículo 82 de la LOPDGDD. Se refiere al derecho que tienen los usuarios a que las comunicaciones se transmitan y reciban en internet de forma segura. Los prestadores de servicios han de informar a los usuarios de sus derechos y establecer las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de la información.
Derecho a la educación digital
Entre las obligaciones digitales más importantes está el de la educación digital. El sistema educativo ha de garantiza la inserción de los alumnos en el entorno digital y el aprendizaje relacionado con los medios digitales. La formación del alumnado ha de realizarse fomentando el uso seguro de estos medios, y teniendo en cuenta el respeto a los derechos constitucionales y los valores fundamentales, tales como la dignidad humana, la intimidad personal o el derecho al honor.
Protección de los menores en Internet
La protección de los mejores en internet es otro de los derechos y responsabilidades digitales más importantes. En este sentido, es responsabilidad de los padres o tutores legales procurar que los mejores de edad hagan un uso responsable de internet y de los dispositivos digitales.
La difusión de imágenes o datos personales de menores en internet sin consentimiento expreso supondrán una vulneración de sus derechos fundamentales que provocarán la intervención de oficio por parte del Ministerio Fiscal.
Los menores mayores de 14 años podrán otorgar su consentimiento
Derecho de rectificación en Internet
El derecho de rectificación es aquel que asiste al ciudadano para solicitar que se modifique toda información relativa a él que se considere falsa o inexacta. Los prestadores de servicios o responsables del tratamiento han de adoptar los protocolos necesarios para que los usuarios puedan ejercer este derecho.
Derecho de actualización de informaciones en medios de comunicación digitales
Otro de los derechos y obligaciones en internet es el que asiste a los ciudadanos para solicitar que los medios incluyan un aviso de actualización en aquellas noticias que les conciernan y que no reflejen su situación actual, causándoles con ello un perjuicio.
Derechos digitales en la negociación colectiva
En relación al ámbito laboral, la normativa sobre derechos digitales otorga potestad a los convenios colectivos para establecer garantías adicionales relativas a los derechos y libertades de los trabajadores.
Derecho al testamento digital
Por último, el derecho al testamento digital señala que los herederos o las personas vinculadas al fallecido por razón de hecho, podrán impartir las instrucciones que consideren oportunas a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, en relación al uso, destino o eliminación de los datos del fallecido. Las personas mencionadas podrán ejercer este derecho siempre y cuando el fallecido no hubiese dispuesto lo contrario en vida o exista una ley que lo prohíba.
Los derechos digitales son derechos fundamentales que deben protegerse
España es actualmente uno de los países europeos más avanzados en materia de protección de los derechos de los ciudadanos en Internet. Sin embargo, para seguir avanzando en la protección de los derechos digitales es necesario continuar trabajando en varios frentes:
- Sensibilización del ciudadano, y sobre todo de los menores, que son los más desprotegidos, con el objetivo de hacer una mayor labor de prevención.
- Realizar un mayor control de todos aquellos que están en Internet, desde los propios usuarios hasta los prestadores de servicios de la sociedad de la información y proveedores de internet.
¿Cómo denunciar la vulneración de derechos digitales?
En casos de infracción de cualquiera de los derechos digitales mencionados anteriormente cabe la denuncia.
Puedes dirigirte a la Agencia Española de Protección de Datos y presentar una reclamación por vulneración de tus derechos digitales. En este post tienes información sobre cómo denunciar ante la AEPD.
Por otro lado, también es posible una denuncia judicial ante los Tribunales.
Sanciones por incumplimiento
El incumplimiento de estos derechos digitales se sancionará según lo establecido en el RGPD y en la nueva LOPDGDD.
¡Cuidado! Si no cumples los derechos, puedes ser sancionado
Las sanciones más bajas serán de 10 millones de euros o el 2 por ciento del volumen negocio total anual del ejercicio financiero anterior (la cifra que sea de mayor cuantía). Y las más elevadas ascenderán a 20 millones de euros o el 4 por ciento del volumen de negocio total anual del ejercicio financiero anterior (también la que sea de mayor cuantía entre las dos).
También existe la posibilidad de que los Estados miembros asocien las infracciones y sanciones administrativas con sanciones penales. Por lo que, aquel que cometa algún incumplimiento de este tipo, puede verse condenado también por la vía penal.
La protección de datos en la era digital
El desarrollo de internet ha provocado la aparición de nuevos riesgos para la privacidad y la seguridad en internet.
Los usuarios están expuestos a peligros que pueden vulnerar sus derechos al honor, a la intimidad personal o familiar o a la propia imagen. Es el caso del uso de virus o malware, o de las técnicas de ingeniería social como el phishing, el stalking o la sextorsion, entre muchos otros.
Por ello, el desarrollo de una normativa de protección de datos relativa al entorno digital se hacía fundamental para sentar unas bases en relación a la protección de la privacidad de los usuarios.
Los agentes que operan en internet han de establecer las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de los datos que circulan en la red.
Pero no hay que olvidarse que la protección de datos también es responsabilidad de los propios usuarios. Para ello es imprescindible ser un ciudadano digital capaz de conocer los riesgos existentes y adoptar actitudes responsables y seguras en la red.
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