Tras ser reconocido en la Constitución Española de 1978, el derecho a la privacidad en España ha pasado por diferentes marcos normativos.

Con la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, las leyes españolas han de adaptarse a un marco europeo unitario y homogéneo.

En esta guía te informamos acerca de la situación actual en España del derecho a la privacidad y los retos que presenta el futuro respecto a la protección de datos.

Leyes de privacidad en España

El derecho a la privacidad en el territorio español tiene su base jurídica en diferentes texto y leyes aprobados a nivel nacional y europeo:.

  • El origen legal del derecho a la privacidad está en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Dicho texto otorga a una persona el derecho a proteger su intimidad, familia, domicilio o reputación de cualquier intromisión ilegítima.
  • El artículo 18 de la Constitución Española establece los tres derechos fundamentales de la privacidad en España: el derecho al honor, a la intimidad y a la imagen personal.
  • La Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo consolida la protección civil de estos derechos.
  • El RGPD o Reglamento Europeo para la Protección de Datos es una nueva ley de aplicación obligatoria en todo el territorio europeo. Entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Su principal objetivo es unificar criterios para la protección de datos, poniendo especial énfasis en el tratamiento de la información en el ámbito digital.
  • La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Una nueva ley está pendiente de aprobación.
  • La Ley 9/2014 de Telecomunicaciones, que regula las obligaciones de las empresas del sector. Les otorga carácter de servicio público y establece las bases para el respeto a los derechos fundamentales de usuarios y clientes.

Derechos relativos al ámbito privado

El art. 18 de la Constitución Española cita tres derechos fundamentales para la privacidad del individuo: el derecho a proteger su imagen, el derecho al la intimidad y al honor.

Estos derechos son inalienables e inherentes al individuo, y no se puede renunciar a ellos. También son personales e intransferibles, y no se pueden ceder a otras personas.

Al tratarse de derechos fundamentales para la privacidad del individuo, se enmarcan en la misma base jurídica. Sin embargo, su significado no es el mismo. A continuación profundizamos en sus matices.

Derecho a la propia imagen

El derecho a la propia imagen hace referencia a la potestad de cualquier individuo para no exponer su imagen o aspecto físico al público. Su objetivo es la protección de la identidad.

Está prohibida la difusión del nombre, la voz o la imagen de una persona sin su consentimiento, sea cual sea la finalidad. Esto incluye su empleo para fines publicitarios, comerciales o que buscan un beneficio económico..

La aplicación de este derecho es extensible a cualquier medio de grabación o reproducción, sea cual sea la naturaleza de la imagen presentada, (fotografía, vídeo, etc). Las grabaciones de audio también se consideran como un método de reconocimiento, por lo que también se incluyen la radiodifusión, mensajes por voz cualquier otro tipo de audio.

El respeto del derecho a la propia imagen tiene una serie de excepciones. No se consideran intromisiones ilegítimas los siguientes casos:

  • Cualquier actuación autorizada por la autoridad competente.
  • imágenes que responden a un interés cultural, informativo o científico general.
  • Difundir imágenes de miembros de la administración pública ejerciendo su cargo en un lugar abierto al público.
  • Usar la imagen de dichos cargos públicos para realizar caricaturas..
  • Reproducir imágenes sobre sucesos en los que la imagen de individuo aparece de forma accesoria y no tiene relevancia para la información.

Derecho al honor

El derecho al honor defiende la potestad de la persona para mantener una imagen digna. Este derecho puede chocar frontalmente con la libertad de expresión o el derecho a la información.

La Ley Orgánica 1/1982 establece los supuestos en los que se menoscaba el derecho al honor, la intimidad o la imagen del individuo. Se pueden considerar una vulneración del derecho al honor los siguientes casos:

  • La imputación de injurias o calumnias que afecten a la dignidad de otra persona.
  • La divulgación, por cualquier medio, de hechos sobre la vida de una persona que atenten contra su imagen y buena reputación.

Este derecho no es aplicables cuando:

  • La información ha sido requerida por una autoridad competente.
  • La información es de interés público general.

Derecho a la intimidad

De todos los derechos fundamentales, el respeto a la intimidad es el que más ligado está al concepto de privacidad. Cualquier intromisión ilegítima en la privacidad de una persona está atentando contra su intimidad. Y aparte, también podría repercutir negativamente en su honor y su imagen.

Por ello, lo visto en los epígrafes anteriores también es aplicable en el caso del derecho a la intimidad. Pero, ¿qué otros casos se consideran intromisiones en la intimidad?

  • Colocar aparatos de grabación, filmación o escucha con el objetivo de grabar o reproducir la vida privada de las personas.
  • Aprovecharse de la actividad profesional o de un cargo oficial para revelar datos privados sobre una persona o familia sin su consentimiento.

La intimidad, el honor y la propia imagen son los tres pilares básicos del derecho a la privacidad en España. El respeto a estos derechos es la base de la protección de datos..

Protección de datos de carácter personal

En España sigue vigente la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y Privacidad. Esta ley pronto quedará desfasada, ya que hay una nueva normativa pendiente de aprobación. El objetivo es adaptar las leyes españolas al nuevo RGPD europeo.

El Ministerio de justicia comenzó los trámites para aprobar esta nueva Ley Orgánica en febrero de 2018. Este nuevo marco legal establecerá nuevas obligaciones para los responsables y encargados del tratamiento de datos, además de mayores exigencias en la gestión de ficheros.

La próxima Ley de Protección de Datos de Carácter Personal también hará especial hincapié en la privacidad online y en el ámbito digital.¿Que escenario presenta el futuro?

Privacidad digital

El nuevo RGPD refuerza la protección de la privacidad en el ámbito digital. El acceso a la información personal del usuario ha de estar supeditado a las siguientes condiciones:

  • Debe existir consentimiento expreso y verificable por parte del usuario.
  • Es obligatorio informar sobre la identidad del responsable del tratamiento o su representante. También de los encargados, si la gestión de la información es cedida a terceros.
  • El usuario debe conocer la finalidad con la que se van a usar su información y el tiempo que permanecerá en la base de datos.
  • La persona puede solicitar en cualquier momento información acerca del tratamiento actual de su información.
  • El individuo tiene derecho a la modificación de sus datos.
  • El usuario puede limitar o prohibir el uso de sus datos, aún habiendo dado su consentimiento previo (derecho de olvido).
  • Se debe informar sobre la base jurídica empleada.

El principal objetivo del nuevo reglamento europeo es la protección del derecho a la privacidad frente a los riesgos del mundo digital como el spam o la suplantación de identidad.

  • *Ejemplo: Nuevas exigencias para las campañas de email marketing: adaptar Mailrelay al RGPD.

Por su parte, la Ley 9/2014 de Telecomunicaciones establece los requisitos de los proveedores de telecomunicaciones para ofrecer servicios en internet.

  • Acceso y modificación a datos de usuarios.
  • Gestión de servidores y dominios.
  • Protocolos SSL.
  • Gestión de incidentes de ciberseguridad.
  • Etc.

Privacidad laboral

El derecho a la privacidad en el trabajo en España está regulado por el RGPD, la LOPD y el artículo 20 del Estatuto de Trabajadores.

RGPD y LOPD

El nuevo RGPD europeo otorga a cada país de la Unión Europea la potestad de definir sus propias normas acerca del tratamiento de información de empleados. Este reglamento se integrará con la próxima LOPD.

Entre las obligaciones del empresario está informar a los trabajadores sobre todas las medidas que se adoptarán para el tratamiento de sus datos y el control de su actividad. Lo más aconsejable es pasmar estas condiciones en el contrato. El trabajador debe dar su consentimiento de forma explícita.

El empresario puede utilizar sistemas de grabación o vigilancia, siempre y cuando se limiten al marco de la actividad laboral. El modo de obtención y uso de estas imágenes debe ser proporcional a su finalidad.

No se pueden emplear estos sistemas de vigilancia en zonas comunes destinadas al ocio o tiempo libre de los empleados, como salas de descanso, comedores, vestuarios, etc.

Estatuto de trabajadores

El Estatuto de Trabajadores es otra de las leyes que regulan las políticas de privacidad en España. Su definición y aplicaciones vienen definidos en los artículos 4.2 y 20.3..

Los trabajadores deben ser informados de cualquier cambio en las políticas de protección de datos de la empresa. Además, pueden ejercer sus derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Derecho a la privacidad de los menores

 En España, el derecho a la privacidad de los menores está regulado por la Ley de Protección del Menor, el Reglamento General para la Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos.

La normativa permite que los menores de edad pueden otorgar su consentimiento si sus condiciones de madurez así lo permiten. La LOPD establece la edad mínima en 14 años. Para hacer más comprensibles las cláusulas contractuales sobre tratamiento de información, la Agencia Española para la Protección de Datos (AEPD) pone a disposición de los menores entre 14 y 18 años un modelo de consentimiento para menores.

La ley otorga protección total a los menores de 14 años. No tienen potestad para otorgar consentimiento. Esta responsabilidad recae en sus padres o representantes legales. Esto incluye el uso de la imagen del menor tanto con fines privados como comerciales o publicitarios.

El Ministerio Fiscal podría oponerse al consentimiento prestado. En esos supuestos el caso se resuelve ante un juez.

Sanciones por intromisiones ilegítima en la privacidad

Las leyes que regulan el derecho a la privacidad en España establecen multas y sanciones que pueden llegar a penas de cárcel. Estas sanciones vienen definidas en el artículo 197 del Código Penal:

Prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses:

  • Difundir hechos sobre una persona sin su consentimiento, aunque no se haya participado en la obtención de dicha información.

Prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses:

  • Apoderarse de documentos o efectos personales de una persona sin su consentimiento.
  • Usar aparatos de grabación, transmisión o difusión sin permiso del individuo.
  • Tratamiento de la información de una persona sin su consentimiento en ficheros informáticos o registros telemáticos:

Prisión de 2 a 5 años:

  • Obtener y difundir información de terceros por cualquiera de los métodos anteriores.

Prisión de 3 a 5 años:

  • Se impone cuando los delitos de intromisión y revelación de información han sido cometidos por los responsables o encargados del tratamiento de los ficheros, o por sus representantes.
  • Difundir datos que revelen la raza, ideología, religión o condición sexual de la persona.
  • Revelar datos relativos a menores de edad o personas incapacitadas.

Prisión de 4 a 7 años:

  • Cometer los delitos anteriores con fines lucrativos.

¿Qué más te interesa saber?

¿Qué organismo se encarga de velar por el cumplimiento de estos derechos?

La AEPD (Agencia Española de Protección de Datos). También pueden intervenir otros organismos de la Unión Europea. En estos casos, el RGPD indica que las agencias europeas deben ceñirse a la normativa española y trabajar en colaboración con los agentes de la AEPD.

¿Qué ocurre con el derecho a la privacidad de una persona fallecida?

En España, el ejercicio del derecho a la privacidad de una persona fallecida corresponde a quien ésta haya designado en su testamento. Si no hubiera nombrado sucesión, la responsabilidad recaerá sobre sus familiares directos. En ausencia de éstos, el encargado sería el Ministerio Fiscal.

¿Qué papel juega el Delegado de Protección de Datos (DPD)?

En el RGPD hay una nueva figura clave para el respeto a la privacidad: el Delegado de Protección de Datos. Es un profesional independiente que solo responde ante la directiva de la empresa. Su misión es aconsejar a los responsables y encargados del tratamiento de Datos, así como supervisar el cumplimiento de la ley.

¿Cómo poner una reclamación por vulnerar el derecho a la privacidad?

Las reclamaciones se pueden enviar por correo postal o a la sede electrónica de la AEPD. En la propia web se puede acceder a distintos modelos de formularios para denuncias.

¿Hay algo más sobre el derecho a la privacidad en España que te gustaría saber? ¡Déjanos tu pregunta en los comentarios!

Derecho a la privacidad en España
4.8 (96.67%) 6 votos