Tras cerrar su fase de consulta pública, el anteproyecto de la Ley General de Telecomunicaciones sigue su camino para convertirse en ley en 2021 y actualizar así la ley de telecomunicaciones de 2014, trasponiendo la Directiva (UE) 2018/1972. En este artículo realizamos un resumen de las principales novedades que aportará esta nueva revisión de la ley al sector de las telecomunicaciones.
¿Por qué es necesaria una nueva reforma de la Ley General de Telecomunicaciones?
La reforma de la Ley de Telecomunicaciones vigente es necesaria, por un lado, para actualizar la normativa respecto a aspectos como la llegada del 5G y las redes de muy alta capacidad, la accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones, la gestión del espectro radioeléctrico o la regulación de los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería (tales como WhatsApp).
Y por otro lado, para llevar a cabo la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2018/1972, aprobada el 11 de diciembre de 2018 y que debería quedar traspuesta en diciembre de 2020.
Además, la renovación de la Ley sobre Telecomunicaciones forma parte de los proyectos recogidos en la estrategia España Digital 2025, un plan con el que se quiere y pretende impulsar la conectividad para llevar a cabo la transformación digital en todo el país.
La Directiva (UE) 2018/1972
Esta Directiva (UE) 2018/1972, del Parlamento Europeo y del Consejo establece el código europeo de las comunicaciones eléctricas para todos los Estados miembros. Como toda Directiva, se debe trasponer al ordenamiento jurídico de los Estados miembros a través nuevas leyes o la actualización de leyes existentes, como es el caso español, donde más que crear una nueva ley de telecomunicaciones, se pasará a renovar la actual, reformando y añadiendo aquellos artículos que sean necesarios de acuerdo con la Directiva.
Novedades del anteproyecto respecto a la Ley anterior
El primer paso para trasponer la Directiva europea a nuestro ordenamiento jurídico ha sido elaborar un anteproyecto de ley de telecomunicaciones, que estuvo abierto a audiencia pública entre el 11 de septiembre y el 13 de octubre de 2020, permitiendo su consulta y la realización de aportaciones al mismo. Esa fase ya ha terminado y el siguiente paso será llevar el anteproyecto de ley al parlamento.
A continuación veremos las principales novedades que incluye este anteproyecto con respecto a la citada Ley de 2014, formado por 114 artículos, 20 disposiciones adicionales, 14 transitorias y 5 finales.
Alcance y ámbito de aplicación
El alcance y ámbito de aplicación engloba la regulación tanto de los servicio de comunicaciones electrónicas, como aquellas cuestiones relacionadas con los recursos y equipos de telecomunicaciones, los usos del dominio público y las infraestructura comunes en edificios.
Fomento en la inversión pública y privada en redes
El anteproyecto de ley de telecomunicaciones también busca fomentar las inversiones públicas y privadas en las redes de muy alta capacidad, puesto que tecnologías como la fibra óptica y el 5G son clave para lograr la transformación digital de la sociedad y la economía.
En ese sentido, uno de los objetivos de la reforma de la ley es incentivar los despliegues de redes, así como garantizar el uso compartido del dominio público o la propiedad privada, de las infraestructuras y recursos asociados y la utilización compartida de los tramos finales de la redes de acceso.
Además, se presta especial atención a la necesidad de favorecer un acceso en igualdad de condiciones y en condiciones asequibles a las comunicaciones electrónicas con la renovación y la flexibilización del servicio universal. Esto se traduce, por un lado, en la eliminación de las cabinas y las guías telefónicas y, por otro, en garantizar que las velocidades de acceso permitirán la prestación de modo funcional de determinados servicios digitales considerados esenciales (como el correo electrónico, las noticias online o la banca electrónica).
Si bien el anteproyecto habla de garantizar velocidades de acceso adecuadas, no establece ni fija una velocidad mínima en el servicio universal de telecomunicaciones, puesto que desarrollará en procesos reglamentarios posteriores.
Redes 5G
Siguiendo las medidas recogidas en la Recomendación de la Comisión sobre Ciberseguridad de las Redes 5G, el anteproyecto establece una serie de medidas que puedan garantizar que no se produzcan incidentes de seguridad en las redes 5G o que, en caso de producirse, estas puedan recuperarse rápidamente.
La ciberseguridad de las redes 5G es clave para evitar efectos negativos y perjudiciales en el funcionamiento de servicios y actividades de cualquier sector económico que dependa de esta tecnología, pero especialmente en aquellos relacionados con los suministros de agua y energía, la sanidad o el transporte. No olvidemos que uno de los objetivos de las redes 5G es lograr la llamada «ciudad conectada» o «smart city».
También se deberá proteger la cadena de suministro para mantener la seguridad de la red y evitar así amenas o ataques que puedan afectar a la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los servicios.
Lo que no se menciona de momento es ninguna referencia a proveedores 5G en relación a la ciberseguridad de estas redes, puesto que se recogerá en otro anteproyecto de ley posterior sobre esta materia.
Gestión del espectro radioeléctrico
El anteproyecto de ley también trae consigo una revisión de las normas que regula la gestión del espectro radioeléctrico, cuyo objetivo es facilitar el despliegue de las redes 5G, así como de otros servicios inalámbricos innovadores.
Además, se racionalizará la adjudicación y gestión del dominio público radioeléctrico, estableciendo medidas para facilitar el uso compartido del espectro por operadores móviles y evitando las restricciones indebidas a la implantación de puntos de acceso inalámbrico para áreas pequeñas.
Así mismo, se espera llevar a cabo modificaciones en el régimen de duración de las concesiones para banda ancha inalámbrica, con la determinación de una duración mínima de 20 años para las licencias asociadas a los usos limitativos de espectro.
Nuevas obligaciones para los servicios de comunicación interpersonales
Otra de las principales novedades que introduce el anteproyecto de ley de telecomunicaciones es que por primera vez se van a regular los servicios de comunicación interpersonales no basados en numeración o de mensajería (sí, se refiere a aplicaciones como WhatsApp o Telegram). Entre estas novedades, encontramos la imposición de obligaciones de carácter administrativo, como la inscripción en el Registro de Operadores y la obligación de incorporar medidas de seguridad de acuerdo a los riesgos propios de estos servicios.
Además, también se contempla la aplicación de una tasa de 1 euro por cada 1.000 que ingresen al año, siempre que facturen en España más de 1 millón de euros. Estos operadores tendrán que comunicar anualmente sus ingresos por los servicios ofrecidos, de manera que se pueda determinar si se les aplica la tasa mencionada.
¿Cómo afecta a WhatsApp?
En principio, al encontrarnos ante un anteproyecto de ley y no una ley propiamente dicha, WhatsApp o cualquier otro servicio similar de mensajería no se verá afectado por el momento. Pero de mantenerse igual la obligación de inscribirse en el Registro de Operadores, este tipo de servicios pasarían a tener que cumplir con las obligaciones de cualquier otra operadora de telefonía.
Entre esas obligaciones, y algo que causó cierto revuelo (supuestamente, el Gobierno iba a tener acceso a nuestros móviles, pero nada más lejos de la realidad), está la de transmitir alertas públicas en casos de emergencias en zonas que nos puedan afectar (algo que contempla la propia Directiva europea).
Protección de los derechos de los usuarios
El anteproyecto también contempla reforzar la trasparencia de los contratos, limitar su duración y regular los paquetes de servicios que ofrecen las operadoras. Así mismo, amplía los derechos en el ámbito de la portabilidad móvil y las obligaciones de accesibilidad para los usuarios con discapacidad.
En lo que a portabilidad móvil se refiere, se contempla la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil cuando se cambie de operador, conservar el saldo de las tarjetas prepago y la obligación de los operadores de mantener el número de teléfono hasta un mes después.
Refuerzo del número 112
La nueva norma también tiene como objetivo reforzar los servicios de comunicaciones de emergencia, ampliando las posibilidades de actuación e información que facilitarán un servicio 112 más efectivo a las Comunidades Autónomas.
Para ello se introducirán nuevas facilidades para el desarrollo de sistemas de alerta en caso de grandes catástrofes o emergencias y poder disponer de una ubicación más precisa de las personas que llaman al 112.
¿Cuándo pasará de anteproyecto de ley a Ley General de Telecomunicaciones?
Como ya mencionamos al comienzo de este artículo, la transposición de la Directiva europea debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2020, por lo que será imposible llegar a tiempo. Sin embargo, el objetivo es que el anteproyecto llegue al parlamento a comienzos de 2021 y aprobar la ley resultante a finales del segundo trimestre de 2021 o principios del tercero.
Así que no tendremos una nueva Ley General de Telecomunicaciones hasta algún momento entre abril o septiembre de 2021. Después habrá que ver cuáles son los plazos de entrada en vigor de ley.
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