Contratación de detectives privados en el ámbito empresarial

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lopd investigaciones legal

Ocurre en ocasiones que una empresa se encuentra con una falta de información de determinados datos personales, como es por ejemplo cuando intenta localizar a un deudor que no responde a las peticiones de pago, cuando quiere saber de este mismo deudor su situación patrimonial de cara a una reclamación de cantidad en los tribunales o cuando sospecha que un trabajador está alargando periodos de baja sin justificación real o está pasando información relevante a una firma competidora.

En estos casos no resulta extraño acudir a una firma de detectives para encargarles intentar conseguir esa información faltante, pero este paso ha de darse siempre dentro de la legalidad vigente, no sólo porque la empresa deba respetar esta legalidad como cualquier otra entidad, sino porque su verdadera utilidad ante un tribunal depende de este hecho, de manera que si los datos han sido recabados al margen de la ley, estas pruebas pueden ser declaradas nulas y no serán tomadas en consideración durante el proceso y resultarán por tanto inútiles.

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en su artículo 5, establece lo siguiente:

1. Constituyen actividades de seguridad privada las siguientes:

a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.

b) El acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición legal de autoridad.

c) El depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulosvalores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte u otros objetos que, por su valor económico, histórico o cultural, y expectativas que generen, puedan requerir vigilancia y protección especial.

d) El depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica, sustancias, materias, mercancías y cualesquiera objetos que por su peligrosidad precisen de vigilancia y protección especial.

e) El transporte y distribución de los objetos a que se refieren los dos párrafos anteriores.

f) La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia.

g) La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas, y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en estos casos.

h) La investigación privada en relación a personas, hechos o delitos sólo perseguibles a instancia de parte

De la citada norma, se desprende que los detectives privados se encuentran habilitados por Ley para obtener información de personas y, por consiguiente, para tratar los datos sin necesidad de recabar el consentimiento del afectado, siempre que no se utilicen para ello “medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal o familiar” (artículo 23.c) de la misma ley).

Sin embargo, ello no supone que cualquier persona física o jurídica pueda encargar a los detectives privados una investigación determinada relativa a un tercero, sino que este encargo deberá estar motivado y justificado por un interés legítimo que, además, guarde relación con la persona investigada y con la obtención de información sobre conductas o hechos privados, o con la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte.

Del mismo modo, tampoco puede afirmarse, con carácter general, que los datos obtenidos como resultado de dicha investigación puedan someterse a tratamiento por parte de la entidad que realizó el encargo, que no está legitimada para ello en todo caso.

Hay que tener en cuenta que la actividad fuera del centro de trabajo pertenece a la esfera de la vida privada del trabajador, aun cuando se desarrolle en espacios públicos, y por lo tanto la actuación de los detectives privados debe estar marcada por el triple principio marcado por el Tribunal Constitucional de “proporcionalidad, idoneidad y necesidad”.

La proporcionalidad se entiende aquí en el sentido de que el seguimiento al trabajador o deudor debe durar tan sólo hasta que se tenga un conocimiento cabal, pleno y suficiente de los hechos imputados. Además, para desvelar ese comportamiento el uso de los detectives debe ser un medio idóneo, de forma que si existen otros menos invasivos de la intimidad de las personas, deberían utilizarse primero.

Además en el correspondiente contrato de prestación de servicios a firmar entre las partes deberán incluirse las cláusulas que ya citamos en El contrato de tratamiento de datos.

El detective privado debe legalizar su situación desde el punto de vista de la protección de datos porque es una obligación legal y además porque de su grado de cumplimiento depende la imagen que ofrece ante su clientela. Sin olvidar la vigilancia la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), puesto que la creación de un fichero no registrado en la AEPD puede ser sancionado como infracción con multa que oscila entre 600 y 60.000 euros. Por el simple hecho de que un cliente del servicio aporte un informe como prueba en un Juzgado, el investigado dispone de la prueba precisa de que el detective autor del informe ha recogido, tratado y cedido datos personales de los cuales es titular. Si el investigado interpone demanda, lo primero que va a hacer la AEPD es verificar si ese detective tiene sus ficheros registrados. De no ser de este modo, la sanción es automática.

Contratación de detectives privados en el ámbito empresarial
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6 Comentarios

  1. Hola,

    Me surge una duda en relación con los detectives privados. La información adicional que obtenga el detective respecto de un deudor (cuyos datos básicos le proporciona la empresa contratante de sus servicios), ¿se considera que los trata en calidad de responsable o de encargado del tratamiento? Si se interpreta que es en calidad de responsable, entiendo que deberá inscribir un fichero ante la AEPD y… la comunicación de esa información al cliente, ¿se considerará una cesión de datos que no requiere del consentimiento del afectado/deudor?

    Gracias!

  2. La empresa para la que trabajo, despues de despedirme con un despido nulo, me puso un detective para comprobar que yo hacia otro trabajo y ahorrarse los salarios de tramitación. Esa investigación la llevaron al juicio aunque no fué necesaria. Mi pregunta es ¿quien tiene esas gravaciones que se me hicieron, el juzgado, el investigador, la empresa? ¿Tienen que estar registradas en la empresa en algún sitio, ya que si recibieron esa información? ¿Poddría yo solicitar que se borraran?

    • Hola Mar: la grabación que tenga el juzgado no tiene derecho de cancelación, no se puede cancelar la información utilizada en un proceso judicial. La grabación del investigador tampoco se puede cancelar, pero sí solicitar su bloqueo para que esa información no pueda volver a ser usada, aunque si es una empresa de detectives seria ya lo habrá hecho por su cuenta. Respecto a la empresa, habría que saber si la tienen o no, solicitando un derecho de acceso para comprobar toda la información que dispongan de ti. Si la tienen, entonces sí puedes pedir el derecho de cancelación.

  3. BUENAS TARDES??? NO ENTIENDO MUY BIEN, ENTONCES ¿¿LOS DETECTIVES PRIVADOS ESTÁN EXENTOS DE APLICAR LA LOPD EN SUS EMPRESAS PORQUE YA CONSTAN DE OTRO TIPO DE LEY??
    ¿O? COMO ELLOS NO SE QUEDAN LOS DATOS NO ES NECESARIO LA LAOPD, YA QUE SOLO UTILIZAN LOS DATOS PARA REALIZAR SUS SERVICIOS Y LUEGO SE LO DEVUELVEN A LA EMPRESA CONTRATANTE.
    POR FAVOR ME PODRÍAS INFORMAR QUE ES NECESARIO EN UNA AGENCIA DE DETECTIVES SI TIENEN QUE DISPONER DE LOPD O NO?? Y EN QUE MEDIDA??
    MUCHAS GRACIAS

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