A finales de mayo se publicó la Directiva del Parlamento y del Consejo europeos que regula los contratos de suministro de contenido y servicios digitales (Directiva 2019/770).

El objetivo de esta Directiva es garantizar el respeto al derecho fundamental a la protección de datos, evitando que estos se constituyan como mercancía.

En la misma se incluyen una serie de normas comunes que deben regular los contratos realizados entre consumidores y empresas sobre el suministro de contenidos o servicios digitales. De esta forma se garantiza la protección de los consumidores y la competitividad de las empresas.

Ámbito de aplicación

Esta Directiva entra en vigor el día 11 de junio de 2019 aunque se establece un plazo de transposición a los Estados miembros hasta el 1 de julio de 2021. Y a partir del 1 de enero de 2022 se aplicará plenamente.

Dentro de la norma se definen los contenidos y los servicios digitales.

Contenido digital son todos los datos creados y proporcionados en un formato digital.

Servicio digital es aquel a través del cual el consumidor puede elaborar, almacenar, tratar o consultar datos en formato digital. También se considera digital el servicio que permite que el consumidor pueda compartir datos en formato digital o interactuar con ellos de cualquier otra manera.

La Directiva se aplica a todos aquellos contratos en los que la empresa se compromete a proporcionar servicios o contenidos digitales y el comprador se compromete a abona un precio por ello. Igualmente es aplicable a los contratos en los que el consumidor, a cambio de ese suministro, adquiera la obligación de facilitar sus datos personales a la empresa.

Derechos y obligaciones de consumidores y empresas

Los derechos y obligaciones aplicables a consumidores y empresas se recogen en esta Directiva y en la Directiva 2019/771, referida a ciertos aspectos de los contratos de compraventa de bienes. Esta última recoge las características que deben reunir esos contratos de compraventa de bienes, incluidos los bienes digitales, para incluirlos dentro del ámbito de aplicación de esta normativa europea.

En el actual mercado digital, el suministro de contenidos o servicios digitales no siempre se realiza a cambio de un precio. En muchos casos la contraprestación consiste en facilitar datos personales. Por eso se pretende proteger esos datos personales para que no se conviertan en moneda de cambio, como está ocurriendo ya en muchos casos.

Estos contratos deben cumplir los requisitos establecidos en el RGPD y en la Directiva que regula la protección de los datos personales y la intimidad en las comunicaciones electrónicas. En caso de conflicto entre el RGPD y la Directiva 2019/770, prevalecerá el primero.

En caso de que los contratos se celebren en nuestro país y se indique que la ley aplicable es la española, la norma que debemos tener en cuenta es la LOPDGDD.

Se aplicará la normativa de Protección de datos en aquellos casos en los que el consumidor facilite datos personales al crear un perfil en una red social, por ejemplo, siempre que esos datos no se utilicen de forma exclusiva para proveer los servicios o contenidos digitales, o no se usen para cumplir las obligaciones legales impuestas. También se aplicará esta normativa en los supuestos en los que la empresa use esos datos personales con fines comerciales siempre que el afectado haya dado su consentimiento para ello.

Supuestos de no aplicación de la Directiva

Esta Directiva no será aplicable en caso de que los datos personales sean utilizados exclusivamente para suministrar los contenidos o servicios digitales o sea necesario tratar esos datos para cumplir una obligación legal.

Tampoco se aplicará en el caso de que el consumidor, aunque no haya firmado ningún contrato de suministro de servicios o contenidos digitales con la empresa, otorgue su consentimiento para que le envíen publicidad.

En esta directiva se atribuye a cada Estado miembro la decisión sobre la ampliación de su aplicación. En nuestro país debemos tener en cuenta los criterios establecidos por la LOPDGDD.

Consecuencias del incumplimiento

En casos de incumplimiento de las obligaciones, derechos y acciones extracontractuales derivadas del RGPD, como los principios fundamentales de protección de datos desde el diseño y por defecto o la minimización de los datos, pueden dar lugar a una disconformidad sobre los contenidos o servicios digitales, considerando los requisitos subjetivos y objetivos que la Directiva establece.

Los contenidos o servicios digitales deben cumplir los siguientes requisitos subjetivos:

  • Ser conformes a la descripción, calidad, funcionalidad y demás características previstas en el contrato
  • Ser adecuados para los fines para los que el consumidor los necesite
  • Serán proporcionados con todas sus instrucciones y accesorios
  • Serán actualizados según lo establecido en el contrato

En cuanto a los requisitos objetivos que esos servicios y contenidos digitales deben cumplir están:

  • Deben ser adecuados para los fines normales a los que se destinen otros servicios o contenidos digitales similares
  • Tendrán las cualidades y características adecuadas para su funcionamiento
  • Serán acordes con la vista previa o versión de prueba que el empresario haya facilitado al consumidor

Es el empresario quien debe probar que esos contenidos o servicios digitales fueron facilitados según lo establecido.

La falta de conformidad puede originar la resolución del contrato o la aplicación de medidas correctoras, siempre que eso no le resulte desproporcionado o imposible al empresario.

Si se resuelve el contrato, la empresa debe devolver al consumidor todas las cantidades pagadas, sin exigir a este ningún cargo por esa resolución. El plazo de resolución es de 14 días.

Directiva sobre contratos de suministro de contenidos y servicios digitales
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