El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que estima el recurso presentado por un ciudadano contra la entidad bancaria Caixabank por incluirle indebidamente en un fichero de morosos. Se ha considerado que esa inclusión vulnera su derecho al honor.

En esta sentencia, el Tribunal Supremo condena al banco a indemnizar al demandante con un importe de 10.000 euros. Y anula la resolución de la Audiencia provincial de Madrid en la que no se consideraba necesario el requerimiento previo de pago al deudor.

Inclusión en un Fichero de morosos

Caixabank, al incumplirse la obligación de pago de un préstamo hipotecario que había concedido a una sociedad de la que ese demandante era fiador a título personal, le incluyó en un fichero de morosos. Y la entidad bancaria no le solicitó el pago antes de incluirle en dicho fichero ni le informó de que, en caso de no pagar, sus datos personales serían incluidos en el fichero de morosos.

Los datos personales del demandante estuvieron durante cuatro años en esa lista de morosidad, a la que pudieron acceder diferentes organismos con los que este mantenía relaciones profesionales. En vista de esto, esa persona denunció al banco y solicitó 200.000 euros por daños patrimoniales y morales. Esta demanda fue estimada por el Juzgado de primera instancia que consideró que se infringía el requisito del requerimiento previo de pago exigido por la normativa de Protección de datos.

La entidad bancaria recurrió esa resolución ante la Audiencia provincial de Madrid, que la anuló.

Pero el demandante interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo alegando un incumplimiento de la normativa de Protección de datos. Este Tribunal considera que, para incluir a una persona en un fichero de morosos, deben cumplirse los requisitos exigidos de que sea una deuda vencida, inequívoca y exigible.

Incumplimiento de la LOPDGDD vs. Derecho al honor

En la sentencia del Tribunal Supremo se alude al incumplimiento de los preceptos de la LOPDGDD que se refieren a la necesidad de, antes de incluir a un deudor en un fichero de morosos, requerirle el pago de esa deuda. También se refiere a la vulneración del derecho al honor regulado en el artículo 18 de la Constitución.

La consideración de una persona como «morosa» y la comunicación de esta situación a terceros tiene claros efectos sobre el honor. Ya que esa situación es considerada negativa por la sociedad.

La ley de Protección de datos exige que se informe previamente al deudor de la obligación de pagar esa deuda y de las consecuencias que ese impago producirá. Con ello se pretende evitar que se incluyan en estos ficheros de morosos a personas que por un simple descuido no han realizado el pago de algún importe que les corresponde.

En la sentencia se considera que el daño moral es difícil de valorar por lo que estima el valor de la indemnización en 10.000 euros.

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