¿Tienen los ciudadanos protegidos sus datos personales y fiscales frente a un proceso judicial o investigación en los que resulta afectado aunque no es parte principal?

Nadie puede garantizarnos que existe esa protección debido a que existe un vacío legal respecto al tratamiento de bases de datos.

Esta situación ha sido denunciada por funcionarios de la Administración de justicia al considerar que los ciudadanos se encuentran desprotegidos porque ni siquiera saben que sus datos están siendo analizados. Alegan una indefensión de estos frente al Ministerio Fiscal o el Poder Judicial.

Cesión de datos entre autoridades

Existen varios convenios de colaboración entre autoridades para obtener información.

Por ejemplo, se suscribió un convenio en 2007 entre el Consejo General del Poder Judicial y la Confederación Española de Cajas de Ahorros sobre obtención de información para juzgados y tribunales. Y otro en el 2010 entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y la Agencia Tributaria para la cesión a los órganos judiciales de datos fiscales de los ciudadanos.

Se considera que las medidas de protección aplicadas son insuficientes y que estas actuaciones deberían regularse por el Gobierno a través de una ley que proteja la intimidad de las personas afectadas.

Existe obligación de ceder datos personales y fiscales a los jueces y tribunales pero eso debe hacerse cumpliendo con las garantías necesarias que protejan a los afectados por dicha información. Y debe tenerse en cuenta a quién se cede esa información y la forma en que se hace.

Debería regularse específicamente qué funcionarios pueden acceder a esos datos y en qué condiciones. Y también:

  • El tipo de expedientes cedidos y a qué clase de órganos judiciales
  • Si existen accesos indebidos a esos archivos de información
  • Procedimiento por el que se realiza la cesión
  • Los supuestos en los que debe notificarse a los interesados esa cesión
  • Consecuencias para aquellos funcionarios que hayan accedido a los datos con mala fe

Con esta falta de regulación se permite que cualquier funcionario de la Administración de justicia pueda acceder a cualquier expediente de un ciudadano sin ningún tipo de limitación.

Regulación en el RGPD y LOPDGDD

La nueva LOPDGDD exige que para poder acceder a la información personal es necesario que se establezcan los requisitos, límites y otras condiciones, en aplicación de lo indicado en el RGPD. Por tanto, deberá existir una ley que establezca claramente las competencias de la Administración de justicia para tratar esos datos.

En la normativa de Protección de datos se regula el interés legítimo como base para el tratamiento de datos personales. Pero solo cuando se derive de una norma con rango de ley.

Por eso, la falta de regulación por ley puede implicar una vulneración de la intimidad y privacidad de los ciudadanos en el acceso por los funcionarios de la Administración de Justicia a sus datos personales. Lo que podría suponer la nulidad de esas actuaciones administrativas y pondría en riesgos los procesos judiciales tramitados.

Por todo esto, varios funcionarios judiciales han remitido una queja a la AEPD en la que le avisan de esta grave situación. Y esperan que la AEPD les explique cómo solucionar este problema de acceso a miles de datos de ciudadanos sin una habilitación legal. Y evitar, sobre todo, esa indefensión frente a la invasión de su intimidad.

 

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Las siguientes reglas del RGPD deben leerse y aceptarse:
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  1. Buenos días, nos es grato conocer su interés por la información aparecida en los medios sobre este asunto. Si desean conocer más detalles, respuestas oficiales del Ministerio, CGPJ o la propia AEPD, podermos informarles de nuestras gestiones. Hasta ahora no hemos obtenido una respuesta que a nuestro entender pueda rebatir todo lo expuesto en relación a este tema. Agradeciendo su interés.
    Angel Luzzi, Delegado Intersindical Valenciana. Sector Justicia.
    Teléfono 653755862