Un Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid instaló cámaras de videovigilancia en los aseos. La razón de esa instalación, según el Instituto, era controlar que no se produjera un tráfico de sustancias ilegales en estos aseos.

La AEPD abrió un procedimiento de oficio contra el centro educativo pero lo ha archivado al comprobar que el centro retiró las cámaras.

El caso se publicó en diversos medios de comunicación y tuvo gran transcendencia lo que hizo que la AEPD abriera un procedimiento de oficio.

Instalación de cámaras sin informar ni consultar

La decisión de instalar esas cámaras de videovigilancia la adoptó el director del Instituto de manera unilateral. No se informó a la Autoridad de Educación ni a la Asociación de padres. Y ni siquiera se colocó el cartel informativo de zona videovigilada.

Esa cámara grababa la puerta de entrada a los lavabos y controlaba la entrada y salida de los alumnos, obteniendo sus imágenes. La visualización de esas imágenes la realizaba el Director del Instituto a su voluntad.

Se produjo la intervención de esa cámara por la Guardia Civil y su traslado al juzgado de instrucción para realizar las diligencias previas. Finalmente, se produjo el archivo de las actuaciones.

La AEPD considera que se produjo una falta de información sobre esa medida adoptada al no informar a las autoridades educativas correspondientes. Se entiende que el Director del centro tiene suficientes conocimientos como para informarse sobre los requisitos establecidos por la normativa de Protección de datos para instalar cámaras de videovigilancia y haber cumplido esos requisitos. Por eso, se considera que existió una negligencia grave.

Las zonas reservadas como límite a la instalación de videovigilancia

La instalación de cámaras de videovigilancia con fines de seguridad es legal y está admitida siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el RGPD y la LOPDGDD. En esta normativa se establecen zonas reservadas donde está prohibido instalar esos dispositivos de videovigilancia, como aseos, vestuarios, etc., ya que eso afectaría a la intimidad de las personas y ese es un principio esencial que debe estar libre de intromisiones por terceros.

En los centros educativos ha aumentado en los últimos años la instalación de cámaras de videovigilancia en el exterior o en los pasillos del centro. Pero hay zonas excluidas donde no pueden instalarse esas cámaras por estar reservadas a la intimidad de los alumnos.

En cualquier caso, al instalar las cámaras es obligatorio avisar a todos los afectados a través de los correspondientes carteles informativos de que se encuentran en una zona videovigilada.

La AEPD entiende que existe un conflicto entre la seguridad que se intenta proteger y el derecho a la intimidad de los interesados. Con ese sistema de videovigilancia se intentaba controlar que no se efectuase un tráfico de drogas en los aseos o que no se produjera la destrucción del mobiliario del centro por actos vandálicos. Sin embargo, considera desproporcionada la actuación del Director del Instituto, al instalar la cámara de forma unilateral y en una zona reservada, infringiendo la ley de Protección de datos.

Derecho fundamental a la intimidad

En la resolución de la AEPD se alude a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la intimidad, derivada de la dignidad de la persona. Es posible que este derecho pueda ceder ante intereses relevantes constitucionalmente pero su recorte debe ser absolutamente necesario para conseguir un fin proporcionado y legítimo.

El control de un posible tráfico de drogas entre los alumnos no justifica por sí solo la instalación de esa cámara. Debería haberse realizado una ponderación de esa medida para determinar si había otras medidas que fueran también eficaces pero menos invasivas para la privacidad. La ilegalidad de esta medida también está en el hecho de que el Director no informara sobre su instalación y lo realizara por su cuenta.

En resumen, la AEPD considera que existe una infracción de la normativa de Protección de datos pero no impone ninguna sanción al Instituto al retirarse la cámara por la Guardia Civil y se archiva el proceso. Sin embargo, esta resolución no es firme y puede interponerse recurso ante la Audiencia Nacional.

Videovigilancia en colegios

Hoy en día la mayoría de los centros educativos utilizan cámaras de videovigilancia con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas y las instalaciones.

Según la LOPDGDD, este tratamiento está legitimado en el interés público. Pero, teniendo en cuenta la garantía de la seguridad y el interés público, surgen unas cuestiones a las que debemos responder.

¿Pueden grabarse imágenes en cualquier zona del centro escolar?

Rotundamente No, no se puede grabar en cualquier lugar del colegio. Existen zonas donde está prohibido instalar las cámaras.

Entonces, ¿en qué lugares se puede grabar?

Voy a explicaros dónde puede o no puede un colegio instalar cámaras de videovigilancia.

La grabación de imágenes constituye un tratamiento de datos personales sujeto, al igual que cualquier otro tratamiento, a los principios de licitud y de legitimación. Y esos principios deben estar fundamentados en el consentimiento previo de los afectados.

Tanto el RGPD como la LOPDGDD establecen en 14 años la edad mínima para otorgar el consentimiento válidamente. En caso de menores de 14 años, son los padres o tutores legales los que deben dar ese consentimiento.

Por tanto, los colegios pueden instalar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes cumpliendo la ley. No se puede grabar dentro de las aulas ya que la AEPD lo considera desproporcionado.

También se prohíbe la grabación en zonas protegidas por el derecho a la intimidad como los vestuarios, baños u otras donde se lleven a cabo actividades cuya grabación pueda afectar a la vida privada o imagen, como por ejemplo los gimnasios o zonas de descanso de profesores.

Requisitos para usar legítimamente la videovigilancia

Para poder realizar y garantizar la finalidad de la videovigilancia de garantizar la seguridad de personas e instalaciones es necesario tener en cuenta lo siguiente:

  • En caso de instalar cámaras en el interior de las aulas necesitaremos el consentimiento de la totalidad de los alumnos de ese aula, si son mayores de 14 años. En caso de ser menores, la autorización deben darla la totalidad de los padres o tutores de esos alumnos.
  • Para instalar cámaras en las zonas de descanso de profesores o en sus despachos es necesario el consentimiento de esos profesores.
  • Está prohibido instalar cámaras en aseos, vestuarios o gimnasios.

A la vista de estos requisitos nos surge una importante cuestión.

¿Qué ocurre si alguno de los alumnos, padres o profesores no da su consentimiento para instalar esas cámaras?

En ese caso, el colegio no podría instalar las cámaras en esas zonas o, en caso de instalarlas, deberían pixelarse las imágenes de aquellos que no han dado su consentimiento. Si alguien que no ha consentido esa grabación resulta grabado, esas imágenes no sería lícitas y no podrían utilizarse como prueba en un juicio.

La AEPD ha publicado una Guía de Protección de datos en centros educativos donde se habla de la videovigilancia y se indica lo siguiente: “Se pueden instalar cámaras en los patios de recreo y comedores cuando la instalación responda a la protección del interés superior del menor, toda vez que, sin perjuicio de otras actuaciones como el control presencial por adultos, se trata de espacios en los que se pueden producir acciones que pongan en riesgo su integridad física, psicológica y emocional”.

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