Con la nueva Ley de Protección de Datos aparece un nuevo escándalo.

Y eso que todavía no está aprobada.

Todos los partidos políticos españoles han llegado a un acuerdo para legalizar la actividad de recogida de datos en la red, analizarlos y elaborar perfiles de ciudadanos y sus opiniones políticas para el envío de propaganda electoral.

Es decir, España quiere legalizar de alguna manera la actividad que realizaba Cambridge Analytica.

Nueva Ley de Protección de Datos

La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), tramitada con un acuerdo casi total de los partidos, se encuentra en el Senado. A punto de volver al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.

Con su redacción actual, los partidos políticos se asegurarán de cara a las próximas elecciones, una cobertura legal para poder hacer lo que, en su momento, supuso un escándalo mundial: actividades de recopilación de datos y creación de perfiles políticos de los ciudadanos a partir de su identidad en la red.

Todos recordamos lo que hacía Cambridge Analytica con los datos de millones de usuarios de Facebook, ¿no?

Pues algo parecido.

Cuando un ciudadano realiza una actividad online, y facilita sus datos a una compañía, lo hace bajo unas condiciones muy concretas que la normativa europea vigila con lupa.

Entre otros muchos factores, el consentimiento que uno presta para el tratamiento de esos datos ha de ser informado y explícito.

Fuentes de acceso público

La nueva LOPD introduce una modificación a la Ley Electoral por la que se habilita a los partidos a recoger datos sobre opiniones políticas de los ciudadanos para la realización de actividades políticas durante el periodo electoral. Estos datos pueden conseguirlos en páginas web y otras fuentes de acceso público.

Una actividad, además, que se escuda en el interés público.

no existe una definición de “fuentes de acceso público” en la normativa de protección de datos europea.

Con la LOPD actual, las fuentes accesibles son muy concretas:

  • boletines oficiales,
  • datos de los colegios profesionales,
  • censos promocionales y
  • repertorios telefónicos.

Todo esto lo cambia el RGPD.

Estas excepciones han desaparecido, ya no existen las fuentes de acceso público.

Envío de comunicaciones comerciales y elaboración de perfiles

Esta nueva ley establece que el envío de la propaganda electoral por medios electrónicos o a través de redes sociales no serán considerados comerciales. Por lo que ni siquiera estarán regulados por la LSSI.

Es decir, al no ser comunicación comercial a efectos de la LSSI, se puede enviar publicidad no solicitada.

¿Esto qué supone?

Pues que los partidos pueden obtener nuestras direcciones de correo simplemente haciendo un barrido en la web, sin nuestro permiso, para usarlo de forma propagandística.

Y que pueden usar todas las herramientas necesarias para realizar un “microtargeting” y poder adecuar sus mensajes a los perfiles políticos de cada potencial votante.

Esto supone dar vía libre a los partidos para que nos bombardeen a mensajes gracias a la información sobre opiniones políticas de cada uno que previamente han obtenido.

Finalmente, se prevé en esta normativa que los destinatarios pueden ejercer su derecho de oposición de un modo sencillo y gratuito.

Sí, pero primero nos enviarán la propaganda no solicitada y después nos podremos oponer a ella.

Los partidos políticos podrán rastrear datos ideológicos de los votantes
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