La era digital e Internet han supuesto la necesidad de llevar a cabo nuevas reflexiones sobre la libertad de expresión dentro de estos ámbitos, encontrar dónde están esos nuevos límites de un derecho tan fundamental para las democracias actuales, que aparece en la mayoría de Cartas Magnas y en las declaraciones de derechos humanos. Pero a veces, cuando la libertad de expresión entra en conflicto con la protección de otros derechos, se corre el riesgo de caer en la censura. En esta entrada vamos a ver varias consideraciones sobre la libertad de expresión en Internet relacionado con esos puntos.
Los desafíos a la libertad de expresión en la era digital
Aunque Internet no nació en el siglo XXI, es evidente que su mayor crecimiento y explosión se ha producido en sus dos primeras décadas principalmente; la expansión del ADSL primero y de la fibra óptica después, la implementación del Wi-Fi y las redes 3G y 4G, así como el desarrollo de los smarphones, han hecho que nuestra forma de comunicarnos, tanto a nivel privado como a nivel público hayan evolucionado y cambiado drásticamente en algunos aspectos.
Y todo eso, como no podía ser de otra forma, ha afectado también a cómo ejercemos y protegemos uno de los derechos fundamentales de todo ciudadano que viva en democracia; la libertad de expresión y de información.
El qué, el cómo, hasta el dónde compartimos información propia o ajena en Internet, supone nuevos desafíos para la libertad de expresión, especialmente cuando este derecho entra en conflicto directo con otros derechos fundamentales, como el derecho al honor, el derecho a la propia imagen o incluso el derecho a la intimidad, o aquellos otros derechos que, no siendo fundamentales, tienen especial protección, como la propiedad intelectual o el derecho al olvido.
Aunque esta entrada no pretende ser un ensayo sobre la libertad de expresión en Internet, abordaremos algunos de los problemas que enfrenta este derecho cuando las autoridades deciden que la seguridad debe primar sobre él, cuando es necesario poner límites a los discursos del odio, a las fakes news o a las manipulaciones y la desinformación. Cuando por proteger supuestamente otros derechos o mantener la seguridad, se roza o se llega a la censura.
Los límites a la libertad de expresión en Internet
Hablar de límites a la libertad de expresión en Internet nos hace pensar prácticamente de manera automática en «censura» y, hasta cierto punto, puede ser cierto. Puede ser cierto que determinadas administraciones y poderes públicos, en un intento por acabar con las amenazas de los ciberataques, de la piratería digital, de la desinformación que producen las, cada vez más extendidas, fake news, o la manipulación en casos tan flagrantes como el de Cambridge Analytica, acaben imponiendo medidas que deriven en censura y en la peligrosa limitación de la libertad de expresión y de información en Internet.
Sin embargo, encontrar ese equilibro entre lo permisible y lo que no, ese punto en dónde poner los límites a la libertad de expresión en Internet se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la sociedad digital; porque, al igual que ocurre en el mundo real, no todo es válido y legítimo en Internet y aunque hay que proteger la libertad expresión en ella, también hay que proteger otros derechos y leyes.
Cuando la seguridad (casi) justifica la censura
Como decíamos, uno de los principales motivos para restringir la libertad de expresión en Internet está relacionado con la seguridad y nos referimos tanto a la seguridad de la sociedad en general (de los países) como de sus ciudadanos a nivel individual.
No son pocos los gobiernos que han intentado legislar sobre los límites de la libertad de expresión y, especialmente, de información en Internet en aras de proteger la seguridad pública y privada. Y aunque las propias cartas de derechos suelen poner límites a la libertad de expresión respecto al respeto a los derechos o la reputación de las personas, la protección y seguridad nacional o el orden público, Internet ha supuesto un desafío propio, especialmente con la irrupción de las redes sociales y las posibilidades que abren el anonimato y la viralización de los mensajes.
Además, es evidente que no todo puede o debe ser publicado, sin olvidar además esa máxima de «mi libertad termina donde comienza la de otro», por ello la necesidad de legislar y poner límites. Sin embargo, hasta ahora, la mayoría de medidas tomadas han rozado o están rozando la censura, y han afectado más al ciudadano de a pie que a las grandes corporaciones, que en muchas ocasiones tienen en su mano controlar esos límites.
Los plagios y la propiedad intelectual
Uno de esos intentos por legislar sobre lo que se puede y no se puede publicar o compartir por Internet lo encontramos en las sucesivas leyes para proteger la propiedad intelectual; en la lucha contra la piratería y la protección de los derechos de autor, las leyes se han ido endureciendo más y más, porque todavía sigue resultando relativamente fácil acceder a contenidos protegidos por derechos de autor en Internet y hacerse con ellos de forma ilegal (en muchas ocasiones, enriqueciendo a quienes alojan dichos contenidos en la Red).
Una de las últimas leyes más restrictivas en este aspecto ha sido la Directiva europea del Copyrigth, aprobada en marzo de 2020, que con su artículo 17 pretende evitar que los usuarios de cualquier plataforma online que permita la publicación de contenidos publiquen material infractor. Aunque cuenta con una serie de excepciones para la cita y la parodia, en la práctica puede acabar trayendo más problemas y autocensura por parte de las propias plataformas, haciendo más mal que bien.
En un intento por proteger los derechos de autor, es posible que la implementación de filtros automáticos en las plataformas, como el ID Content de YouTube, puedan afectar a contenidos legítimos, que se verían descartados automáticamente. Las compañías como Twitter, Facebook, Instagram, Twitch o la propia YouTube acabarían «censurando» muchos contenidos por evitar incurrir en una infracción y recibir una sanción. Desgraciadamente, los algoritmos no son suficientes para decidir qué es y qué no es legal en este aspecto.
La desinformación
¿Es legítimo amparar el hecho de distribuir o publicar información falsa bajo la libertada de expresión? ¿Es válido publicar fake news o bulos en Internet? No debería serlo, porque la desinformación y la manipulación de las opiniones a través de las campañas de fake news, que están a la orden del día actualmente, traen consigo otra serie de problemas.
Llevamos un tiempo viéndolo, pero con la pandemia de Covid-19 hemos sido aún más testigos de cómo los bulos han corrido como la pólvora gracias, en gran medida, a la viralización que permiten las redes sociales. Y en un mundo cada vez más saturado de información (verdadera y falsa), donde mucha gente ni siquiera ejerce el más mínimo esfuerzo crítico (ya no digamos de buscar y contrastar la información que recibe en la pantalla de su móvil), limitar este tipo de mensajes es necesario.
¿Corremos el riesgo de caer en la censura y el control? Es posible, especialmente cuando hay autoridades que empiezan a hablar de la necesidad de «desanonimizar» las redes sociales. Lo que está claro es que la libertad de expresión en Internet no puede justificar la desinformación.
Los discursos del odio
La inclusión de los delitos de odio en el Código Penal supuso un paso adelante para convertir en delito ciertas acciones dirigidas a personas o colectivos por el hecho de pertenecer a dichos colectivos. Esto tuvo también su traducción en Internet, donde las plataformas han incluido los discursos de odio como una de las razones para ser baneado de un servicio, ver su cuenta suspendida o ver la eliminación de los contenidos publicados que se consideren de esa naturaleza.
El problema para la libertad de expresión en Internet surge cuando se hace una interpretación extensiva del delito de odio, especialmente aplicada a la crítica política y de las administraciones públicas. Además, por la propia naturaleza y funcionamiento de las redes sociales, atajar estos discursos del odio, se convierte en una tarea complicada y compleja, por lo que al final se opta por utilizar la ley y los tribunales para tratar de ponerle freno, lo que a la larga puede acabar redundando en una pérdida de libertada de expresión en la Red.
Aunque es cierto que no todas las opiniones son válidas ni se puede permitir la incitación al odio, tampoco se debe abusar de una figura legal que no se creó con la intención para la que se está usando actualmente en muchas circunstancias en las que no sería necesario. De nuevo se hace necesario encontrar ese punto dónde poner el límite, antes de que caigamos en la censura y la autocensura.
El derecho al honor
Volviendo al choque de derechos, y tal y como ocurre también fuera de Internet (especialmente en medios tradicionales), no es poco habitual que la libertad de expresión e información entre en conflicto en ocasiones con el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.
Actualmente, las redes sociales se han convertido también en un campo donde los insultos están a la orden del día. Y no, los insultos no están amparados bajo la libertad de expresión, de hecho, si así lo considera un juez, pueden ser delito de injurias y/o calumnias. Evidentemente, para llegar a ese extremo, es necesario que se analice y evalúe cada caso y situación, es decir, cuando estos dos derechos entran en conflicto, es necesario realizar una ponderación con respecto a los bienes jurídicos en conflicto, valorando la veracidad de la información y que esta se refiera a asuntos de relevancia pública que son de interés general, tanto por el tema al que se refiere como por las personas que intervienen.
Habrá ocasiones, concretamente cuando se trata de personajes públicos y temas de relevancia para la sociedad, que ciertos «ataques» (críticas o parodia, por ejemplo) o revelación de información de interés público, en las que la libertad de expresión e información quedará por encima del derecho al honor, pero cuando no se cumplan esas condiciones, es posible que la parte afectada «invite» a la justicia a intervenir.
En este aspecto los límites a la libertad de expresión en Internet parecen más claros, sin embargo, no debería depender siempre de lo que pueda decir un juez, y aunque estamos en nuestro derecho de verter una opinión crítica contra alguien a través de Internet, debemos evitar caer en ciertas actitudes, como la del insulto.
El «control interno»: los términos de uso
Todas las redes sociales y foros de Internet cuentan con unos términos y condiciones de uso que, seamos sinceros, muy poca gente se lee antes de aceptar. En dichas condiciones de uso se recogen una serie de comportamientos que están y no están permitidos y que cuando no se cumplen, llevan al bloqueo o suspensión de la cuenta. Redes sociales y otras plataformas monitorean el comportamiento de sus usuarios, así como cuentan con los mecanismos necesarios para que se puedan denunciar dichos comportamientos.
Así que surge la pregunta, ¿puede este «control interno» de redes sociales, foros y otras plataformas de opinión limitar la libertad de expresión en Internet? La respuesta es que sí puede llegar a ello.
Principalmente porque para compañías internacionales como Twitter, Facebook o Google es más sencillo bloquear «por si acaso», algo además que suelen hacer por medios automatizados, que revisar una a una todas las reclamaciones que reciben. Además, hay que tener en cuenta que hablamos de multinacionales que deben considerar las leyes de cada país en el que están, para añadir un poco más de complejidad al asunto.
Habrá ocasiones en que esos bloqueos de cuentas y eliminación de contenidos puedan «borrar» del debate público algunos temas o participantes. Y a veces estará justificado, pero otras simplemente estará coartando la libertad de expresión.
El ojo que todo lo ve: la cibervigilancia
Ya lo hemos mencionado en el punto anterior, pero las redes sociales y las plataformas de opinión monitorean a sus usuarios para asegurarse de que no se violan los términos y condiciones de uso y esto, sin duda, puede derivar en nuestra propia autocensura, puesto que si sabemos qué podemos o no podemos decir o publicar, si queremos seguir conservando nuestra cuenta de usuario, nos contendremos a la hora de hacer ciertas publicaciones o comentarios.
Internet, pese a que nos guste pensar que es un medio libre, no lo es tanto, la cibervigilancia, ya sea por parte de las propias plataformas o por parte de las autoridades (estas amparadas en mantener la seguridad nacional y ciudadana) está muy presente en nuestros días. Como decíamos, cada vez que nos conectamos a un servicio, estamos siendo monitoreados; cada vez que hacemos una búsqueda en Google, hacemos publicaciones en redes sociales, publicamos un comentario o subimos una foto, vamos dejando un rastro digital que puede que en el futuro se vuelva en nuestra contra. Ya no es raro oír que los reclutadores de una empresa pueden buscarnos en redes sociales para ver cómo nos comportamos fuera del ámbito profesional.
Por ello, volvemos a la autocensura; si nos preocupa la imagen que proyectamos en redes sociales, parece evidente pensar que nosotros mismos estableceremos unos límites a nuestra propia libertad de expresión.
Sabernos vigilados o sentirnos vigilados limitará nuestro derecho a poder expresarnos libremente por temor a esas consecuencias futuras.
¿El final de la autorregulación? Algunas medidas legales tomadas por los países que pueden limitar la libertad de expresión en Internet
No son pocos los gobiernos que quieren poner límites a lo que se puede y no se puede publicar en Internet. Y no, nos referimos a regímenes autoritarios, sino a democracias que, en un intento por luchar contra la desinformación, las fake news, el ciberacoso y otros problemas derivados del uso abusivo de las redes sociales e Internet, pueden acabar queriendo controlar ellos mismos los contenidos que se publican en la Red.
Ese fue el caso del proyecto de regulación presentado por el Gobierno de Teresa May en Reino Unido en 2019, mediante el que pretendía crear una autoridad independiente para limpiar las plataformas de contenidos peligrosos. Este organismo podría bloquear el acceso a webs, sancionar a las redes sociales e incluso demandar a los ejecutivos de una empresa. Es decir, pasar de la autorregulación que ejercen las propias compañías a un control por parte de las autoridades.
Otro ejemplo de este intento de controlar lo que se publica en la Red por parte de los gobiernos, lo encontramos en Singapur, que en 2019 presentó un proyecto de ley contra las fake news, mediante el cual se permitía a cualquier ministro del gobierno ordenar la corrección y eliminación de contenido que considerase falso.
Más cerca, en abril de 2019, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo aprobó el texto de una propuesta de reglamento sobre la prevención de contenidos terroristas en línea. Si bien no se obligaría a las plataformas a monitorear previamente estos contenidos, sí que estarían obligadas a intervenir en el plazo de una hora tras ser informadas por las autoridades para retirar el contenido afectado. En caso contrario, se les podría aplicar una multa de hasta el 4% de su facturación anual. Con este proyecto, se pretende evitar casos de censura ocasionados por mecanismos de IA automatizados y contar con el factor humano, es decir, una persona que revise si el contenido publicado está realmente relacionado con el terrorismo.
Tras el ataque terrorista contra dos mezquitas en Nueva Zelanda el pasado 2019, cuyas imágenes fueron publicadas por el mismo terrorista en Facebook y, aunque la red social actúo con rapidez para eliminar dichos contenidos, Camberra aprobó una ley mediante la cual elevaba al 10% de la facturación anual la multa contra plataformas que no eliminen contenido sobre «secuestros, asesinatos, violaciones y ataques terroristas».
El futuro de la libertad de expresión en Internet
Es difícil predecir el futuro de la libertad de expresión en Internet, con entidades públicas y privadas defendiendo sus propios intereses, muchas veces sin contar con la importancia que supone proteger este derecho. Querer poner límites para luchar contra los abusos es correcto, pero es necesario evitar caer en extralimitaciones que acaben derivando en la censura o autocensura.
La libertad de expresión no puede amparar los discursos del odio, la desinformación o la manipulación, pero es necesario encontrar un equilibrio entre las leyes y normas que lo regulan y el propio derecho individual de cada de persona a expresar su opinión.
Es un asunto complejo que hasta los relatores especiales para libertad de expresión de la OEA (Organización de los Estados Americanos), la ONU, la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) y la CADHP (Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos) trataron en una declaración conjunta emitida el 10 de julio de 2019 con el objetivo de «interpretar las garantías de los derechos humanos para la libertar de expresión». Uno de los puntos que recoge esta declaración respecto a la libertad de expresión en Internet es el siguiente:
«Entendemos que la libertad de expresión enfrenta tres clases de problemas: un ambiente hostil e intolerante para quienes como periodistas, activistas u opositores informan o se expresan sobre asuntos de interés público; las presiones de los Estados para regular o censurar la circulación de información adversa en Internet; y el creciente rol de las empresas dominantes en Internet que están tomando decisiones poco transparentes y muchas veces automáticas sobre contenidos que pueden estar protegidos por la libertad de expresión».
Para los relatores, este es un desafío que habrá de enfrentarse durante la próxima década.