Ayuda Ley Protección Datos

Derecho informático o tecnológico: Definición y ámbitos de aplicación

El Derecho también ha tenido que adaptarse a la llegada y evolución de Internet y las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), puesto que ha sido necesario (y sigue siendo necesario) regular jurídicamente estos ámbitos para evitar que se cometan abusos y delitos o se pueda sancionar aquellos que se han cometido. Por ese motivo existe el Derecho Informático o tecnológico. En este artículo vamos a explicar en qué consiste esta rama del derecho y en qué ámbitos se aplica.

¿Qué es el derecho informático o derecho tecnológico?

Una definición aproximada de Derecho Informático es la rama del Derecho que recoge aquellas normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre el derecho y la informática.

Este concepto de derecho informático o derecho tecnológico engloba desde los delitos cometidos a través del uso de medios informáticos, hasta las relaciones laborales que pueden establecer a través de ellos, así como la propiedad intelectual o la contratación informática. Además, también regula las TIC y estudia cómo las nuevas tecnologías han transformado el Derecho.

Una de las principales características del Derecho Informático es su constante evolución, puesto que la irrupción de nuevos avances tecnológicos hace necesario crear nuevas «normas de juego» que puedan delimitar los usos de estos dentro de un marco legal que proteja los derechos y libertades de los ciudadanos.

¿En qué ámbitos se aplica el Derecho Informático?

Puesto que podemos decir que el Derecho Informático y las nuevas tecnologías van de la mano, el ámbito de aplicación de esta rama del Derecho es muy amplia; más allá de los crímenes cometidos a través de la informática, también se aplica en el derecho a la privacidad, el honor y la propia imagen, la protección de datos, las redes sociales, el comercio electrónico, la seguridad informática, la publicidad online, la defensa de los consumidores, la regulación del teletrabajo, los trámites telemáticos o los certificados y firmas digitales.

En definitiva, el Derecho Informático está ahí donde las nuevas tecnologías nos han llevado a necesitar nuevas regulaciones y normativas para asegurar la seguridad jurídica de todos los interesados.

La legislación sobre Derecho Informático en España la encontramos en el Código Penal, que articula los considerados delitos informáticos, concretamente en los artículos del 197 al 201, 238, 239, 248, 255, 256, 263, 264, 270, 278, 400 y 536. Además de lo que dicen las normativas propias de Protección de Datos y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Diferencias entre informática jurídica y derecho informático

No es difícil confundir estos los conceptos de informática jurídica y derecho informático, como si fuesen intercambiables, sin embargo, no son lo mismo, aunque ambos giren entorno los medios informáticos.

La informática jurídica es la ciencia que estudia el empleo de los recursos informáticos para mejorar los procesos, análisis, investigación y gestión en el ámbito jurídica. Es decir, es el empleo de software y hardware como instrumentos del derecho, para agilizar los procesos legales. No se trata de una rama del Derecho, sino de las herramientas que se pueden utilizar dentro de este campo, como puede ser, por ejemplo, Lexnet, el sistema de gestión de notificaciones telemáticas dese los juzgados a los abogados.

Mientras que el Derecho Informático, como ya hemos dicho, es ese conjunto de principios y normas que regulan los efectos jurídicos de la relación entre el Derecho y la informática y es propiamente una rama especializada del Derecho.

¿Cuándo deberíamos acudir a un especialista en Derecho tecnológico?

La informática y todo lo asociado con ella, especialmente Internet, están cada vez más imbuidas en la vida de la gente, en su día a día; cada vez que navegamos y accedemos a una página web o rellenamos algún formulario online para tener acceso a algún servicio, estamos generando datos que un sistema informático se ocupa de recoger y analizar con posterioridad. Cada vez que compramos algo a través de un comercio electrónico, suministramos más datos personales y nos exponemos a posibles estafas o fraudes si no tenemos cuidado. Cada vez que publicamos algo en una red social, nos exponemos a recibir comentarios de todo tipo.

Todas esas acciones, y otras, llevadas a cabo a través de la informática y las TIC pueden llegar a implicar la necesidad, si acabamos siendo víctimas de algún ciberdelito o abuso, de contar con la ayuda de un especialista en la materia; un abogado digital que sepa cómo defender nuestros derechos de la manera más eficaz posible.

Un especialista en Derecho Informático podrá defendernos en casos de delitos de suplantación de identidad o estafas online, como el phishing, al conocer la normativa jurídica que regula este tipo de delitos y cómo debe aplicarse.

Delitos informáticos en los que se podría aplicar el Derecho Informático

Lo cierto es que hay un amplio abanico de delitos informáticos en los que posible aplicar el Derecho Informático, además, podríamos decir que la informática forma ya una parte tan integral de la sociedad, que conocer los aspectos claves del Derecho Informático es importante para cualquier tipo de abogado o jurista.

En cualquier caso, los delitos informáticos más habituales en los que aplica esta rama del derecho son:

Ejemplos (delito y aplicación)

Veamos un par de ejemplos de Derecho Informático aplicado sobre delitos.

En el primer ejemplo tomamos las fotografías que un fotógrafo profesional sube a su página web o cuenta de Instagram. Estas fotos están a la vista y alcance de todos los usuarios, pero esto no significa que cualquier pueda copiarlas y usarlas en su propio sitio web o incluso venderlas de alguna manera. Independientemente de que el fotógrafo haya puesto su trabajo bajo algún tipo de licencia copyright o copyleft, nadie puede coger esas fotos y usarlas sin el permiso del fotógrafo, puesto que están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual.

En este caso el Derecho Informático debe proteger los derechos de autor del fotógrafo frente al uso de terceros de sus fotografías, porque que algo esté subido a Internet no significa que pueda usarse sin el consentimiento del autor.

Para el segundo ejemplo, hablamos de un caso real; ¿a quién no le suena el incidente de Cambridge Analytica y Facebook? Este caso puso sobre la mesa la explotación comercial de los datos personales de millones de usuarios de la red social sin que estos dieran su consentimiento y, además, se empleó para influenciar en determinados perfiles de cara a las elecciones de EE.UU. de 2016.

Casos como este han puesto de manifiesto la necesidad de aplicar el derecho informático al campo de la protección de datos personales, asegurando que no se cometen abusos o se emplean dichos datos sin el consentimiento de los interesados. En ese sentido, el RGPD europeo ofrece una normativa mucho más garantista para los ciudadanos.

Novedades en el derecho tecnológico

Como decíamos, los avances tecnológicos, especialmente aquellos que impactan y tienen el potencial de producir cambios en la sociedad, implican la necesidad de legislar sobre ellos, crear marcos legales que protejan los derechos y libertades de las personas físicas y jurídicas.

Entre las novedades sobre las que tendrá que conocer el derecho tecnológico más allá de las actuales TIC, están la Inteligencia Artificial, la automatización del trabajo y lo que esto implica tanto para las relaciones laborales como para los derechos de los ciudadanos, la biotecnología, el Big Data, el empleo de la nanotecnología, el Internet de las cosas (IoT) o los sistemas de reconocimiento biométrico, por citar los avances tecnológicos que están de mayor actualidad.

En cuando a las herramientas para mejorar los procesos legales, así como la productividad de los despachos de abogados, estos no deben perder de vista los programas de gestión para despachos de abogados, las posibilidad que ofrece el análisis del Big Data para la captación de nuevos clientes o los sistemas telemáticos y de notificaciones implementados por la Administración de Justicia.