Ayuntamientos, Gobierno y otras entidades públicas de Baleares no cumplen la normativa de Protección de datos. Los organismos públicos de la Comunidad incumplen los requisitos exigidos para garantizar la privacidad de los ciudadanos.

Incluso las entidades que más cantidad de datos manejan de los ciudadanos baleares, como el Instituto balear de salud y la Agencia Tributaria, incumplen esta normativa.

Desde la entrada en vigor, en mayo de 2018, del RGPD ha cambiado considerablemente la manera en la que las administraciones deben tratar los datos personales. Este Reglamento lleva vigente más de un año, y en diciembre de 2018 se aprobó en España la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales (LOPDGDD), que desarrolla el mismo.

Normativa de Protección de datos

Tanto el RGPD como la LOPDGDD han establecido nuevos derechos para los ciudadanos, además de otras muchas novedades. Dentro de los nuevos derechos está el de portabilidad de los datos y el de limitación del tratamiento. También se aumenta el contenido que debe incluirse en la información facilitada al recoger los datos personales.

En el RGPD se impone la obligación de transparencia, licitud y lealtad en la recopilación de datos.

Una de las principales novedades de esta normativa es la introducción de la figura del Delegado de Protección de datos, obligatorio en todas las administraciones públicas y organismos que desarrollan funciones públicas. Se exige independencia del DPO en el ejercicio de sus funciones y debe nombrarse atendiendo a sus conocimientos en Derecho, su experiencia en materia de protección de datos y su capacidad para desarrollar su cometido.

Una de las principales funciones encomendadas al DPO es actuar como intermediario entre el responsable del tratamiento y la AEPD. También analizará los tratamientos realizados en la entidad para asegurar su cumplimiento de la normativa y hará recomendaciones dentro de sus competencias. Es obligatorio publicar el nombramiento del DPO y sus datos de contacto.

Protección de datos en Baleares

Hay muchas entidades públicas de la Comunidad balear que no han nombrado un DPO y, en otros casos, aunque sí lo han nombrado y se ha publicado en el registro de la AEPD, no han notificado a los ciudadanos sus datos de contacto.

Otro de los incumplimientos es la falta de información sobre el tratamiento de los datos de los ciudadanos en las páginas web de las administraciones públicas.

No se ha nombrado DPO por la Agencia Tributaria y esta trata los datos de todos los ciudadanos baleares para la recaudación de impuestos. En su página web tampoco dispone de una política de privacidad.

En cuanto a las entidades sanitarias de las islas, que manejan datos de salud considerados como sensibles, no han nombrado DPO ni el Instituto balear de salud ni la Consellería de Salud ni los hospitales públicos. El 061 también infringe esta ley al no adaptar su política de privacidad a la misma.

En cuanto a los Ayuntamientos de la Comunidad, solo 17 de los 67 existentes han designado un Delegado de Protección de datos. El Ayuntamiento de Palma está dentro de los que no tienen designado un DPO. Tampoco la EMT ha nombrado DPO ni tiene en su página web incluida su política de privacidad. Y la mayoría de los Consells no disponen de política de privacidad, o esta está desactualizada, ni han nombrado un DPO.

Estos incumplimientos de la normativa de Protección de datos constituyen infracciones graves o muy graves, según la LOPDGDD.

 

La Administración de Baleares no protege los datos personales
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