En esta semana que se celebra la semana de Internet ya que el día 17 de mayo es el día mundial de Internet, quiero analizar la forma en que las distintas regulaciones sobre el uso de la red han afectado y afectan a la libertad de expresión.

A veces las normas sobre derechos de autor son utilizadas para censurar contenidos. Se bloquean a determinados usuarios en algunas plataformas para impedir riesgos. Existen fallos en los filtrados de información. Y un derecho al olvido que se olvida de preservar la historia.

El desesperado intento de regular el uso de Internet ha dado lugar a ciertas situaciones en las que se limita la libertad de expresión de los usuarios.

Seguridad vs. Libertad, el eterno problema

Desde el comienzo del siglo XXI, Internet ha sufrido una explosión tan enorme que ha modificado la manera de comunicarnos. Y esto ha supuesto que sea necesario cambiar las reglas de convivencia antiguas para adecuarlas a una realidad que no tiene fronteras.

El uso de Internet conlleva una serie de riesgos como los ciberataques, el espionaje industrial, la vigilancia informática, la piratería digital, la falta de privacidad o la desinformación. Para evitar estos riesgos se han creado una normas y reglas de uso que, muchas veces, perjudican a los usuarios en lugar de protegerles.

Aquí surge el dilema entre seguridad y libertad, con muchas formas de censura.

La libertad de expresión e información es un derecho fundamental que se pone frecuentemente en peligro.

Como decía, los cambios que en veinte años se han producido en Internet han sido enormes. Se han generalizado los smartphones y con ellos el acceso a Internet en cualquier momento y desde cualquier lugar. También se ha expandido el uso de Google y Facebook en todo el mundo y las plataformas online han pasado a ser las empresas más poderosas del mundo con la aparición de la economía de los datos.

Y con ese aumento del uso de la red también existen nuevos problemas como la manipulación y desinformación de los usuarios, infracciones de la intimidad, plagios o discriminación.

Dentro de la UE existen muchas críticas a las normas que regulan los riesgos de Internet porque suponen importantes peligros de censura. Y esa censura afecta a los usuarios de a pie, no a las grandes tecnológicas.

¿Puede restringirse el derecho a la libertad de expresión mediante el uso de esas leyes? Por supuesto que puede hacerse.

Y, aunque no es ético hacerlo, sí puede ser legal.

Derecho al olvido

Lograr un equilibrio entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho fundamental a la protección de datos personales es complicado.

Es imprescindible que las leyes regulen la recopilación masiva de datos personales en Internet. Pero algunas de esas leyes originan dudosas actuaciones.

Cuando surgió la regulación del derecho al olvido también se planteó una importante duda, ¿es posible que el ejercicio de este derecho pueda impedir el acceso a determinados documentos y contenidos?

La nueva LOPDGDD, aprobada en diciembre, permite ejercer el derecho de rectificación contra cualquiera que tenga un perfil en redes sociales. Y extiende su ejercicio a las rectificaciones sobre el honor e intimidad en Internet, con independencia de su autenticidad. Esto abre la puerta a que cualquiera pueda realizar un uso abusivo de esta norma.

Antes de aprobarse la LOPDGDD ya existía un derecho al olvido regulado en Europa que obliga a Google a desindexar información antigua que tenga información incorrecta que pueda afectar a la reputación de un ciudadano. También los periódicos están obligados a desligar el nombre de ciertas personales de las noticias que aparecen en sus buscadores.

Con este derecho al olvido se pretende garantizar una protección adecuada a los posibles afectados pero puede suponer un importante riesgo: la falta de aviso de la inexistencia de información. No pueden saberse los contenidos que el buscador ha desindexado por lo que los usuarios no podrían localizarlos.

Derechos de autor

Cada vez son más duras las leyes que han intentado combatir la piratería digital. La última norma ha sido la que actualiza la Ley de Propiedad Intelectual, y que puede dar lugar a una importante censura administrativa.

La aprobación por el Parlamento europeo de la nueva Directiva de Copyright pretende impedir que los usuarios de redes sociales y plataformas comerciales publiquen contenidos ilícitos, exceptuando casos de parodias o citas. Con ello las plataformas puedes establecer filtros automáticos para impedir la subida de contenidos con derechos de autor.

Un intento excesivo de proteger esos derechos de autor puede dar lugar al bloqueo de contenidos legales por las plataformas, por no verificar adecuadamente las reclamaciones que reciban.

En algunos casos, se obliga a Google a desindexar determinados contenido basándose en la normativa de copyright para no ser localizados. Es decir, copian un contenido, cambian la fecha y lo denuncian a Google. Esto ha manifestado los fallos del buscador a la hora de comprobar denuncias por derechos de autor falsas. También la realización de usos fraudulentos de la norma sobre copyright. Es decir, se utiliza la legislación sobre copyright para solicitar la eliminación de información veraz pero incómoda.

El funcionamiento de Google es el siguiente: cuando su algoritmo verifica que una publicación tiene fecha anterior a otra igual, elimina esta aunque la fecha haya sido manipulada. Y esa decisión es automática. El buscador indica que cuando recibe una solicitud de eliminación de contenido sus equipos lo revisan. Pero no especifica si esos equipos son humanos o máquinas.

Lo lógico sería que fueran humanos los que revisaran esas solicitudes antes de eliminar contenido de los buscadores por motivos de derechos de autor.

Condiciones de uso

Muchas veces se han bloqueado cuentas de Twitter por infringir los términos y condiciones de uso de la red social. Las actuaciones contrarias a sus condiciones de uso son vigiladas estrechamente por todas las redes sociales.

Las leyes otorgan al prestador el carácter de controlador de contenidos al ver que son ellos los que pueden reaccionar más rápido en caso de denuncia. Es decir, se están convirtiendo a estas redes sociales en jueces que deciden lo que los usuarios pueden o no publicar. Y estas empresas están sujetas a leyes de distintos países por lo que la solución más rápida es bloquear esa información.

Con todo esto existe el riesgo de utilizar las condiciones de uso del servicio como excusa para restringir la libertad de expresión. Las empresas bloquearán siempre aquellos contenidos que vulneren sus condiciones de uso y facilitarán mecanismos para reclamar a los usuarios.

Discursos de odio

Uno de los principales motivos por los que se cancelan cuentas y se suprimen contenidos son los discursos de odio. Y al endurecerse las leyes que luchan contra los delitos de opinión se producen más bloqueos online y existe una mayor sensación de autocensura.

En los casos de críticas políticas puede dañarse el derecho a la libertad de expresión. Se han presentado muchas denuncias por injurias a la Corona o a la policía y enaltecimiento del terrorismo.

Hace años que la jurisprudencia ha establecido la diferencia entre los delitos de opinión y «el mal gusto». Todas las plataformas de Internet  incluyen en sus términos de uso la prohibición de discursos de odio por lo que, en caso de que alguien comunique que un determinado contenido le ofende, se eliminará ese contenido e incluso puede bloquearse la cuenta. Es decir, estas plataformas online han pasado a ser jueces de lo que es o no políticamente correcto en la red.

Ciber vigilancia

Hoy en día es inevitable estar constantemente vigilados. Los gobiernos y las grandes empresas monitorizan toda nuestra vida y somos objeto de toma de decisiones que afectan a nuestra relación con Internet.

Esta cibervigilancia también puede utilizarse para limitar la libertad de expresión. La privacidad no solo incluye la intimidad personal sino también la libertad de poder manifestar las opiniones sin temor a las consecuencias que eso pueda tener.

Al usar las redes sociales y las plataformas de contenidos nos sometemos a una relación contractual. Nuestros derechos en Internet está limitados y sujetos a cláusulas contractuales que no podemos negociar.

¿Libertad de expresión o Protección de datos?: caso Miguel Hernández

Hace unos días hemos conocido la noticia de que la Universidad de Alicante ha eliminado de sus archivos el nombre del secretario judicial del consejo de guerra que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández en 1940. Esta supresión fue solicitada por su hijo, basándose en la ley de Protección de datos.

Este solicitante indicó que, en caso de no eliminar el nombre de su padre, denunciaría ante la AEPD e iniciaría el correspondiente proceso judicial. El motivo alegado es que en los artículo escritos donde aparece el nombre de su padre existen falsedades respecto a su forma de ser y de actuar.

Los expertos consideran que esto es una censura que atenta contra la libertad de expresión y de cátedra y un disparate, ya que sería escribir la historia sin nombres.

La UA ha estimado esa petición eliminando el nombre de Antonio Luis Baena Tocón de su web. Únicamente ha dejado las iniciales de esta persona en uno de los textos.

Esta decisión se argumenta por la UA indicando que, una vez ponderados el interés de esas publicaciones y la licitud de la investigación científica, esta persona no tiene la consideración de figura pública. Y por eso debe garantizarse el derecho al olvido digital del afectado.

Decisión provisional

La Universidad ha indicado que esta resolución es provisional y cautelar y que la decisión definitiva se adoptará por una comisión especial.

Los historiadores y escritores han manifestado su miedo ante la apertura de un debate sobre los límites de la libertad de expresión e investigación. El catedrático de Literatura española que escribió esos textos ha indicado que se ha limitado a analizar la participación de las personas que intervinieron en esos tribunales de guerra. Y que esos datos son relevantes y no afectan a la vida privada del afectado.

El escritor indica también que esa información se facilitó por los archivos militares de Madrid y Segovia y que no usó ningún dato referido a su intimidad o vida privada que no fuera relevante para la investigación histórica o para la información pública.

El abogado del catedrático indica que se ha presentado un recurso de alzada ante el rector de la Universidad y, según su respuesta, determinarán si interponen recurso contencioso-administrativo. Se entiende que se ha producido una vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión. En un Tribunal por un juicio sumarísimo el secretario judicial es una figura pública y, tal como sucede ahora en los procesos judiciales, debe figurar su nombre y apellidos.

Oposición de los expertos

Los investigadores e historiadores consideran que la eliminación de datos contrastados que es posible confirmar en un archivo se trata de una versión moderna de la censura. Incluso afecta a la libertad de investigación y cátedra, recogida en la Constitución.

Estos historiadores e investigadores trabajan con personas históricas que figuran con nombres y apellidos y consideran que la ley de Protección de datos también les debe proteger a ellos.

Por otro lado, expertos en materia de protección de datos consideran que el derecho a la protección de datos afecta a las personas físicas pero la personalidad se extingue con la muerte. Los familiares podrían interponer un recurso por vía civil, pero no se trata de un tema de protección de datos.

La investigación histórica está protegida jurídicamente. El RGPD regula el tratamiento automatizado de datos personales pero no la investigación histórica.

Es muy diferente modificar datos en una base de datos que cambiar la investigación histórica de una persona pública que intervino en un suceso histórico. Esos datos de la investigación histórica no perjudican la fama del afectado ni son falsos.

Pero la actual LOPDGDD incorpora una novedad, y es que los familiares de un fallecido pueden solicitar la rectificación o la supresión de sus datos personales. Esto puede ocasionar un importante conflicto con la libertad de expresión. En ese caso, debería prevalecer la libertad de expresión, sobre todo al analizarse archivos de carácter histórico.

 

Las normas de Internet amenazan la libertad de expresión
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