El crecimiento de los programas de asistencia social en todo el mundo ha sido enorme. En los últimos años, más de 2.500 millones de personas se han beneficiado de esos programas, que protegen a los colectivos más vulnerables.

Para verificar la identidad de las personas beneficiarias ha aumentado el uso de sistemas biométricos y se han digitalizado las bases de datos de esos beneficiarios, incluyendo en los sistemas de información desde registros civiles hasta situaciones económicas y de salud. Por ello ha aumentado también la posibilidad de que existan riesgos para la privacidad de las personas.

Uso de datos biométricos

El uso de sistemas biométricos como la huella dactilar, reconocimiento facial, del iris o de voz y la fusión de bases de datos es considerado por agencias de donantes, empresas privadas y por el Banco mundial como un método que reducirá costes, luchará contra el fraude y aumentará la eficiencia en la gestión.

Los sistemas de protección social están usando cada vez más esta tecnología biométrica. Por ejemplo, se han facilitado tarjetas inteligentes biométricas a más de 17 millones de beneficiarios de subvenciones en Sudáfrica. Y los casi 56 millones de beneficiarios del Seguro popular en México están obligados a proporcionar a las autoridades sus datos biométricos.

La mayor base de datos biométricos se encuentra en la India y se conoce como Aadhaar. Más del 90% de los habitantes de la India han registrado sus datos biométricos en esta base de datos para poder acceder a algún tipo de ayuda social.

Para recibir algún tipo de beneficio social, muchos países exigen la recogida de datos biométricos de las personas.

Pero existen muchos países donde se están utilizando esas técnicas de identificación biométrica para acceder a los programas de asistencia social y no tienen una normativa de Protección de datos. Es el caso de los países cuyo ejemplo he puesto anteriormente.

Riesgos para proteger esos datos

Las bases de datos biométricos de los programas de protección social pueden fácilmente vincularse a otros sistemas, incluso los que no sean de protección social, utilizando un identificador común. Esa vinculación de bases de datos está prohibida en la mayoría de los países europeos al suponer un riesgo para la protección de datos y la privacidad de las personas. Esos sistemas de protección social recopilan un gran volumen de datos entre los que están las propiedades, situación económica, discapacidades y estado de salud.

Por otro lado, existe una presión para compartir las bases de datos biométricas sobre protección social con las entidades encargadas de aplicar la ley, tanto nacionales como internacionales, debido a problemas como la emigración o el terrorismo. Esto pone en riesgo los derechos civiles, además de la privacidad.

Otro de los riesgos existentes es el acceso no autorizado a esos datos por terceros o la comunicación ilegal de los mismos. Esto hace que los beneficiarios de esa protección social puedan ser víctimas de chantaje o extorsión.

También existe la posibilidad de vender esas bases de datos biométricos a empresas privadas. Ya existen acuerdos comerciales entre empresas y organismos de protección social para elaborar las tarjetas inteligentes de acceso a esas ayudas sociales. Y en esos acuerdos no se incluyen sistemas de indemnización en caso de usos ilegales de esa información.

Y esos riesgos son reales e importantes. Por ejemplo, en Chile fueron expuestos públicamente los datos médicos de millones de pacientes, entre ellos los de víctimas de abusos sexuales o pacientes con VIH.

Otro ejemplo es Sudáfrica, donde las empresas privadas utilizaron la información personal de millones de beneficiarios de programas de asistencia social para incrementar sus ganancias.

Siguen existiendo riesgos para la privacidad de esas personas aunque solo sea el Gobierno el que tiene acceso a esos datos ya que los gobiernos también usan esa información para tomar decisiones automatizadas y elaborar perfiles sobre qué personas serán beneficiadas con ayudas sociales.

Mayor protección de datos en los programas de protección social

Los riesgos seguirán aumentando a medida que la tecnología avance. Así, los gobiernos pueden utilizar sistemas de reconocimiento facial para identificar a beneficiarios de ayudas sociales que tienen «comportamientos antisociales».

En los programas de asistencia social se incluyen los colectivos más vulnerables, es decir, personas a las que ya se les han reducido sus derechos. Por eso la protección de sus datos personales no se considera algo esencial. Es como decirles que no pretendan exigir privacidad cuando ya se les está beneficiando con ayudas gratuitas.

Pero precisamente, los programas de protección social lo que deben hacer es proteger a aquellos colectivos sociales que más lo necesitan. Por ello es importante presionar para que se elaboren normativas de protección adecuadas, se creen autoridades de protección de datos que dispongan de suficientes recursos y existan medios de comunicación y jueces independientes.

También debemos pensar que los riesgos a los que se enfrentan esos colectivos vulnerables pueden transformarse en riesgos para toda la sociedad.

Protección de datos en programas de asistencia social
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