La oficina Judicial y Fiscal de la Junta de Andalucía ha garantizado a la Unión de Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de Andalucía (USTEA) la protección de datos de sus trabajadores sociales. Se asegura que la Junta no va a incumplir la normativa de Protección de datos respecto a esos trabajadores que desempeñan sus funciones en los Servicios de Violencia de Género.

Un ciudadano, basándose en la Ley de Transparencia, ha solicitado a la Junta los datos personales de los psicólogos y trabajadores sociales que trabajan en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) de Sevilla. La Junta concedió un plazo de 15 días a esos trabajadores para presentar alegaciones.

Cumplimiento de la ley de Protección de datos

La Junta ha confirmado a USTEA que no piensa infringir lo dispuesto en la ley de Protección de datos. El plazo de alegaciones de los trabajadores únicamente se ha concedido para respetar lo establecido en la ley de Transparencia.

Pero sí se pide que, tal como exige la ley, todos esos trabajadores se encuentren colegiados. Ya que, actualmente, casi la mitad de los psicólogos y trabajadores sociales que están empleados en estas unidades de Violencia de Género no se encuentran inscritos en su correspondiente colegio profesional.

Sobre el pago de las correspondientes cuotas al colegio profesional, desde la Junta se indica que deberá negociarse. Ya que no puede suponer una disminución del sueldo de esos trabajadores.

Ya se tiene constancia también de que otro ciudadano ha solicitado esos datos en Málaga.

Garantizar la privacidad e intimidad

Esos trabajadores de la Junta de Andalucía se consideran empleados públicos por lo que la Administración debe protegerles.

Tanto el RGPD como la LOPDGDD garantizan la confidencialidad de los datos personales de cualquier ciudadano, incluidos los empleados públicos. Todas esas personas deben trabajar en libertad y con intimidad.

En respuesta a la solicitud planteada por ese ciudadano, todos los trabajadores de los Servicios andaluces de Violencia de Género se han negado rotundamente a otorgar su consentimiento para que sus datos personales sean facilitados. Estos empleados se sienten desprotegidos e inseguros ya que, además, trabajan con información muy sensible.

Estos trabajadores sociales, médicos forenses, equipos psicosociales y psicólogos emiten informes para ayudar a los jueces a decidir sobre las medidas civiles y órdenes de protección en casos de violencia de género, regímenes de visita y custodia en casos de divorcios.

Desde el sindicato se considera que la petición es desproporcionada y no se justifica en la ley de Transparencia. La cesión de sus datos para un fin distinto a puramente laboral no tiene justificación y supondría un riesgo importante para sus derechos y libertades fundamentales.

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