El periódico El Mundo ha publicado una información que se había ocultado durante cinco años. En el momento en que entró en vigor la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, el periódico solicitó a la entidad pública RTVE la información sobre los salarios de sus altos cargos.

Al ser una corporación pública pagada por todos los ciudadanos, se entiende que en base a esa ley de Transparencia deben ser públicos los sueldos de los directivos.

Consentimiento de los afectados

La radiotelevisión española ha requerido a El Mundo para que muestre el consentimiento de los afectados para publicar esa información en un plazo de 48 horas. En caso de que no se demuestre que disponen de ese consentimiento, la entidad interpondrá una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por infracción de la normativa de Protección de Datos.

RTVE amenaza también con ejercer las correspondientes acciones judiciales por una utilización excesiva del derecho a la información pública. Aparte de las demandas individuales que presenten los afectados.

En la información publicada por El Mundo se indica que los siete directivos cobran casi 1.200.000 euros brutos anuales, que van desde los 139.000 euros brutos al año a los 176.000 euros.

Esta corporación pública ha mantenido siempre en secreto su política salarial aunque en varias ocasiones ha afirmado que su política se basaba en la transparencia.

Además, RTVE avisa de que las multas previstas por incumplimiento de la normativa de Protección de Datos pueden llegar hasta los 20 millones de euros.

¿Ley de Transparencia o LOPDGDD?

La ley de Transparencia obliga a todas las empresas públicas españolas a publicar el sueldo de su presidente.

Y surge el dilema de la convivencia entre dos normativas como son la ley de Transparencia y la ley de Protección de Datos.

Las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento están haciendo que el tratamiento de datos comience a ser una preocupación ciudadana, de las administraciones públicas, de las empresas y de los gestores públicos.

Con la actual regulación en materia de Protección de Datos (RGPD y LOPDGDD) se pretende que los ciudadanos tengan un mayor control sobre sus datos y mayor capacidad de decisión sobre su uso.

Con todo esto surge el mencionado enfrentamiento entre ambas normas. Habría que poner en primer lugar la Transparencia pero seguida de la mano por la Protección de Datos.

Muchas entidades públicas se esconden detrás de la protección de datos para no dar ni publicar datos.

El derecho de acceso a determinada información de esas entidades públicas tiene algunos límites como la seguridad pública, la prevención, investigación y sanción de los ilícitos administrativos o disciplinarios las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control o la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en los procesos de toma de decisión.

Con todo esto, resulta complicado definir cuándo prevalece el derecho a la información previsto en la ley de Transparencia y cuándo el derecho a la protección de datos de los afectados. Habría que analizar casa caso concreto.

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