Hace unos días la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que impide que la empresa obligue a sus empleados a facilitarle sus teléfonos para geolocalizarles.

La sentencia anula un proyecto creado por Telepizza llamado «tracker reparto». Ese proyecto exigía a los trabajadores que descargaran una App en sus propios móviles para ser localizados por la empresa.

Esta medida es rechazada por la sentencia aludiendo los siguientes motivos:

  • Atenta contra la privacidad de los empleados
  • Supone un abuso de derecho
  • No ha respetado el derecho de información y consulta de los representantes sindicales

Igualmente, considera ilegales las condiciones incluidas en los contratos que ponen como condición para la relación laboral que el empleado facilite su móvil personal y se descargue la aplicación para realizar ese seguimiento. Ahora Telepizza no podrá despedir o sancionar a sus trabajadores por ese motivo.

Servicio al cliente

En junio de 2018 la empresa comenzó a aplicar este nuevo sistema de geolocalización de los pedidos. El motivo era dar un mejor servicio a los clientes y organizar el reparto de manera más eficaz.

El mayor competidor de Telepizza, Domino’s Pizza, disponía de un mecanismo de tracking similar.  También empresas como Glovo y Delivero, por lo que consideraban necesaria su implementación.

Ese seguimiento se efectuaba a través del móvil de cada trabajador, resarciéndole con una cantidad fija al mes por el desgaste y uso de datos (unos 3,30 euros).

En el contrato que firmaban los nuevos empleados se imponía la obligación de facilitar su móvil y descargar la aplicación creada para activarla en cada pedido. Y la empresa podía cancelar el contrato en caso de que se negaran a hacerlo o no pudieran cumplir la obligación, por avería del móvil, por ejemplo.

Se interpuso una denuncia por los sindicatos aludiendo a que Telepizza impuso unilateralmente esta nueva política comercial sin ningún tipo de negociación. E incumpliendo las obligaciones de información, tanto a los trabajadores como a representantes de los trabajadores.

En esa denuncia se pide la anulación del proyecto llamado tracker reparto y de las condiciones abusivas incluidas en los contratos por las cuales los repartidores estaban obligados a facilitar su propio smarphone. Y a usar la aplicación de seguimiento de pedidos para realizar su actividad laboral. 

Esta determinación de la empresa, según los sindicatos, no tiene justificación legal. Ni en el convenio colectivo ni en el Estatuto de los Trabajadores.

Además incluye un motivo abusivo de despido disciplinario.

También se entiende que supone una invasión de la privacidad de los repartidores, a los que no se facilita una correcta información sobre el funcionamiento del sistema. 

Geolocalización de los trabajadores

En la citada sentencia se analiza la infracción del derecho de los trabajadores a su privacidad e intimidad.

El proyecto tracker aplica medidas desproporcionadas sin informar correctamente a los trabajadores. Lo que supone una vulneración de esos derechos.

Los datos de geolocalización son considerados por el RGPD y la LOPDGDD como datos de carácter personal. Y, como tales, deben protegerse adecuadamente.

Cualquier intervención empresarial que afecte a estos datos daña el derecho a la privacidad del trabajador. En ese caso debe salvar el juicio de proporcionalidad, exigido por la normativa.

Las medidas impuestas por Telepizza resultan desproporcionadas, ya que podría haber conseguido el fin perseguido con otras medidas menos invasivas para su privacidad. Por ejemplo, integrando el geolocalizador en la motocicleta de los repartidores.

Cuando se usen en el ámbito laboral sistemas de geolocalización es obligatorio que los trabajadores sean informados de manera «expresa, clara e inequívoca» de la existencia y características de esos dispositivos. Y del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación del tratamiento y supresión.

Sanción y despido

La medida se considera además ilegal por incluir en el contrato un sistema de infracciones y sanciones al margen del Estatuto de los Trabajadores y del convenio colectivo.

Esa cláusula de los nuevos contratos se considera como una «auténtica causa de despido disciplinario» sin respaldo legal. Ya que no es necesaria la culpabilidad del trabajador. Y prescinde de las garantías formales establecidas para despedir sin indemnización a un empleado.

Por todo esto, la Audiencia Nacional anula el proyecto impugnado, las cláusulas contractuales que obligan al trabajador a aportar su móvil en beneficio de la empresa. Así como las medidas disciplinarias previstas en el citado proyecto.

Escribe aquí tu comentario

Deja un comentario

Las siguientes reglas del RGPD deben leerse y aceptarse:
Este formulario recopila tu nombre, correo electrónico y contenido para que podamos realizar un seguimiento de los comentarios dejados en la web. Para más información revisa nuestra política de privacidad, donde encontrarás más información sobre dónde, cómo y por qué almacenamos tus datos.