Publicación de resoluciones sancionadoras deportivas

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Nos pregunta una lectora:

¿puede una federación de fútbol publicar en la web el nombre de mi hijo de 11 años y la sanción que le han impuesto por expulsarle de un partido?

Futbol infantil

La respuesta la encontramos en uno de los informes jurídicos (descarga gratuita al final del artículo) de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Ante todo resulta evidente que la transmisión de los datos derivada de la publicación constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Respecto a las cesiones de datos, el artículo 11.1 de la LOPD señala que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Sin embargo el consentimiento no será preciso, según la excepción que recoge el artículo 11.2 a) cuando exista una norma con rango de Ley que habilite tal cesión.

En el ámbito deportivo debemos acudir a Ley del deporte 10/1990, de 15 de octubre, que dedica su Título XI a la regulación de la disciplina deportiva y que establece en su artículo 79 determinadas sanciones cuya imposición implicará necesariamente el conocimiento de los datos por parte de terceros para que puedan hacerse realmente efectivas., como son las sanciones de clausura del recinto deportivo, prohibición de acceso al estadio, pérdida de la condición de socio y celebración de la competición deportiva a puerta cerrada, amonestación pública, inhabilitación temporal de dos meses a un año, destitución del cargo, descenso de categoría o expulsión, temporal o definitiva, de la competición profesional, previstas en el citado precepto.

Sin embargo la imposición de dichas sanciones no implica necesariamente una publicidad general de las mismas, salvo en el caso de amonestación pública, sino que su conocimiento debería producirse por los sujetos que tienen la necesidad de conocerlas. De este modo, el acceso a la información debería, en principio, limitarse a los restantes implicados en la competición en cuyo seno se produce la infracción o al personal que deba garantizar la efectividad de la sanción, pero dichos preceptos no ampararían una divulgación general y pública de la sanción, salvo en el caso de la amonestación pública.

Por otra parte, el artículo 75 de la Ley 10/1990 indica que las disposiciones estatutarias o reglamentarias de los Clubes deportivos deberán prever un sistema tipificado de infracciones, habilitando en consecuencia a las federaciones deportivas a establecer un sistema de sanciones en el que podrá expresamente hacerse constar, a través de la correspondiente norma estatutaria, la publicación de la sanción impuesta.

Y así, el deportista integrado en una federación deportiva cuyos estatutos previesen expresamente que, en caso de imposición de sanciones en materia de disciplina deportiva, la adscripción a la federación implicaría la aceptación y libre asunción por parte del deportista del hecho de que las sanciones serán objeto de la debida publicidad, permitiría considerar el supuesto incardinado en el artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.

En resumen:

  • El artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999 habilitará la comunicación de los datos de la sanción exclusivamente a quienes necesiten conocerla para lograr su efectivo cumplimiento y a los restantes participantes en la competición, salvo que la sanción sea de amonestación pública, en cuyo caso podrá procederse a su publicación.
  • En los restantes supuestos y en relación con otros destinatarios, sólo será posible la cesión de los datos en caso de que así se prevea en los Estatutos de la correspondiente federación deportiva, por aplicación del artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999.
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2 Comentarios

  1. Estimado Jesús
    el informe 131/04 de la Agencia Española de Protección de Datos, relativo a la naturaleza de los ficheros de las Federaciones Deportivas,( entiendo que extrapolable al resto de federaciones autonómicas – pese a que la consulta lo era con referencia a federaciones de la comunidad de Madrid); viene a sostener en síntesis que:
    “Teniendo en cuenta el tenor del precepto transcrito, cabe concluir que no se encontrarán sometidos a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 15/1999, y en consecuencia al ámbito de aplicación de la Ley 8/2001 los tratamientos efectuados por las federaciones deportivas de ámbito no superior al de la Comunidad de Madrid, habida cuenta de su naturaleza jurídico privada. El ejercicio “por delegación” de determinadas competencias en su condición de “agente colaborador” de las Administraciones competentes no permite considerar a las Federaciones ni como entes públicos ni como corporaciones de derecho público”
    Lo cual no deja de ser absolutamente correcto, pero entiendo no resuelve el carácter o naturaleza de los ficheros, que creo – en mi humilde entender – debería haberse resuelto con arreglo a los mismos criterios que con relación a las Cámaras de Comercio.
    Todo ello teniendo en cuenta, fundamentalmente – como muy bien dice el informe, el ejercicio de las potestades disciplinarias “por delegación de la administración” siendo sus actos fiscalizables en vía administrativa, y subsiguiente contencioso-administrativa – siendo en tal caso la Ley estatal del Deporte de 1990, Ley 10/1990, de 15 de octubre, siguiendo la pauta marcada por la decisiva sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo de 1985, se decantó definitivamente por la naturaleza asociativa privada de las Federaciones deportivas, no obstante lo cual, delegó en ellas el ejercicio de determinadas funciones públicas, en cuyos supuestos actuarían como agentes colaboradores de la administración pública.
    Y es en ese ejercicio, donde veo el problema, dado que en el mismo (función delegada de la potestad disciplinaria) se establece la necesidad de contar con un registro de sancionados al objeto de establecer la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes – y sin duda alguna dicho registro de “antecedentes” supone la existencia de “datos de carácter personal relativos a infracciones administrativas”, y de acuerdo con el artículo 7,5 de la LOPD:
    “5. Los datos de carácter personal relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas sólo podrán ser incluidos en ficheros de las Administraciones Públicas competentes en los supuestos previstos en las respectivas normas reguladoras”.
    Desde mi modesto entender, creo que los ficheros de las federaciones deportivas con relación al registro de sanciones o infracciones en materia disciplinaria (con independencia de que exista o no agencia de protección de datos de carácter autonómico) deberían ser considerados ficheros de titularidad pública, y debería ser la propia administración pública quien habilitara el decreto o norma correspondiente de creación, todo ello en garantía no solo de los infractores sino del propio funcionamiento federativo, y en aras a un exacto cumplimiento de la propia LOPD. Entiendo que podrían habilitarse procedimientos de habilitación de dichos ficheros entre las correspondientes autoridades autonómicas y los entes federativos.
    En caso contrario, existirían ficheros que contienen “infracciones administrativas” – de ello no hay duda alguna – que vulnerarían la propia ley, el tenor del apartado 5 no deja lugar a la duda. Hasta la fecha no me consta ningún fichero declarado en tal sentido.
    Sin otro particular, y en la confianza de debatir la materia, sin confrontación alguna, recibe un cordial saludo
    por cierto, se echa en falta la labor de “marketing positivo” recopilando entradas lopedianas =)

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