Aportación de documentación de terceros en un juicio

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El artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), dedicado a la Comunicación de datos, señala los casos en que no se precisa consentimiento del interesado para que sus datos sean comunicados a un tercero, y entre ellos, en su apartado 2d) se indica:

Cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas.

Para no salirse del marco legal es conveniente entender que tal comunicación debe haber sido solicitada por las instituciones citadas o utilizada directamente por el responsable del fichero en defensa de sus intereses y al amparo del derecho a la tutela judicial efectiva. Pretender que basta con que el destinatario sea uno de los citados en el artículo transcrito para que cualquier comunicación de datos esté amparada por la ley es un error de interpretación que puede ser sancionado por la Agencia Española de Protección de Datos, como podemos ver en el Procedimiento Nº PS/00724/2009.

En este caso una cooperativa de taxistas entregó a algunos de sus socios documentación relativa a un expediente sancionador y de explulsión de otro taxista, para su incorporación a un procedimiento por Juicio de faltas por una denuncia del denunciante contra otros dos socios de la Cooperativa. Además la cooperativa no había inscrito sus ficheros, en el momento de la denuncia, ante el Registro General de Protección de Datos.

La AEPD explica en los Fundamentos de Derecho de la Resolución:

En el presente caso, ha quedado acreditado que TAXI RM facilitó a dos socios de la misma diversos documentos perteneciente a un procedimiento sancionador seguido contra el denunciante, del que los mencionados socios no eran parte interesada, y que dichos documentos contenía el detalle de los datos personales del denunciante antes reseñados, resultando que TAXI RM no actuó con la diligencia debida al haber posibilitado que esas terceras personas tuviesen acceso a la información señalada, por lo que se vulnera el deber de secreto que incumbía a TAXI RM a tenor del artículo 10 de la LOPD.

A este respecto, no cabe estimar la alegación efectuada por TAXI RM, según la cual la entrega de aquella documentación está amparada por lo dispuesto en el artículo 11.2.d) de la LOPD, que admite la comunicación de datos sin el consentimiento del afectado cuando la misma se efectúe al Ministerio Fiscal o los Jueces y Tribunales, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. En este caso, no se trata de facilitar documentación requerida por el Ministerio Fiscal o por Jueces y Tribunales, o utilizada por la propia entidad TAXI RM en defensa de sus intereses y al amparo del derecho a la tutela judicial efectiva, sino de la entrega de documentos a terceros que la utilizan con una finalidad particular, ajena a los intereses de la Cooperativa responsable de la información.

Y así, finalmente, el Director de la AEPD RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER a la entidad TAXI RM MADRID SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA, una multa por importe de 2.000 euros (dos mil euros) por la infracción del artículo 10 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.e) de dicha norma, y una multa de 601,01 (seiscientos un euros con un céntimo) por la infracción del artículo 26 de la LOPD, tipificada como leve en el artículo 44.2.c) de dicha norma, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 y 4 de la citada Ley Orgánica.

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