Reforma del régimen sancionador de la LOPD (1ª parte)

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El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la modificación del régimen sancionador de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el marco de la Ley de Economía Sostenible.

Los cambios introducidos son de gran importancia ya que afectan no sólo a futuros casos, sino a aquellos expedientes sancionadores en curso o con resolución sancionadora dictada y no ejecutada, en virtud del principio jurídico de aplicación retroactiva de norma más favorable.

Sanciones económicas

Quizás el cambio más llamativo sea la nueva redacción de los apartados 1 a 3 del artículo 45, que son los que fijan los umbrales de las sanciones económicas dentro de cada rango de infracción.

45.1.- Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 900 a 40.000 euros.

45.2.- Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 40.001 a 300.000 euros.

45.3.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 300.001 a 600.000 euros.

Es decir, que sube la sanción mínima de 601,01 a 900 euros, al tiempo que baja el máximo en infracciones leves y mínimo en graves de 60.101,01 a 40.000 euros.

Criterios para graduar las sanciones

Además de modificar las cantidades señaladas en el punto anterior, la reforma toca también los criterios para graduar las sanciones.

Para empezar, el artículo 45.4 que hablaba de forma genérica de las cuestiones que influían sobre la cuantía económica, se convierte ahora en un listado más concreto:

La cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los siguientes criterios:
a) El carácter continuado de la infracción
b) El volumen de los tratamientos efectuados.
c) La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos de carácter personal.
d) El volumen de negocio o actividad del infractor.
e) Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.
f) El grado de intencionalidad.
g) La reincidencia por comisión de infracciones de la misma naturaleza.
h) La naturaleza de los perjuicios causados a las personas interesadas o a terceras personas.
i) La acreditación de que con anterioridad a los hechos constitutivos de infracción la entidad imputada tenía implantados procedimientos adecuados de actuación en la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal, siendo la infracción consecuencia de una anomalía en el funcionamiento de dichos procedimientos no debida a una falta de diligencia exigible al infractor.
j) Cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora.
Algo similar ocurre con el artículo 45.5,  que permite en determinadas circunstancias aplicar la escala anterior en una sanción (es decir, convertir una falta muy grave en grave, o una grave en leve). En su nueva redacción se especifican en mayor medida estos supuestos.
El órgano sancionador establecerá la cuantía de la sanción aplicando la escala relativa a la clase de infracciones que preceda inmediatamente en gravedad a aquella en que se integra la considerada en el caso de que se trate, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se aprecie una cualificada disminución de la culpabilidad del imputado o de la antijuridicidad del hecho como consecuencia de la concurrencia significativa de varios de los criterios enunciados en el apartado 4 de este artículo.
b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente.
c) Cuando pueda apreciarse que la conducta del afectado ha podido inducir a la comisión de la infracción.
d) Cuando el infractor haya reconocido espontáneamente su culpabilidad.
e) Cuando se hay producido un proceso de fusión por absorción y la infracción fuese anterior a dicho proceso, no siendo imputable a la entidad absorbente.
Finalmente se añade un nuevo artículo, al que se ha numerado como 45.6 desplazando a los anteriores 45.6 y 45.7 que pasan a ser respectivamente 45.7 y 45.8).
Excepcionalmente el órgano sancionador podrá, previa audiencia de los interesados y atendida la naturaleza de los hechos y la concurrencia significativa de los criterios establecidos en el apartado anterior, no acordar la apertura del procedimiento sancionador y, en su lugar, apercibir al sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción de las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
a) Que los hechos fuesen constitutivos de infracción leve o grave conforme a lo dispuesto en esta Ley.
b) Que el infractor no hubiese sido sancionado o apercibido con anterioridad.
Si el apercibimiento no fuera atendido en el plazo que el órgano sancionador hubiera determinado procederá la apertura del correspondiente procedimiento sancionador por dicho incumplimiento.
Continuará
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