La AEPD adapta el régimen sancionador por videovigilancia a la Ley Omnibus

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Como ya publicamos en Ley Omnibus y videovigilancia, la entrada en vigor de la popularmente conocida como “ley Omnibus” supuso algunos cambios en relación con el tratamiento de las imágenes a través de sistemas de videovigilancia por razones de seguridad, básicamente la liberalización de la instalación de videocámaras, que dejaba de ser tarea exclusiva de las empresas autorizadas por el Ministerio del Interior.

Ahora la aplicación de este nuevo criterio se va reflejando en los Procedimientos Sancionadores de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y son varios ya los casos en los que se ha archivado el asunto basándose en esta nueva situación legal.

Como ejemplo en el Procedimiento Nº PS/00512/2009 instruido contra un establecimiento comercial sito en la plaza Mayor de Madrid, se dice:

Sin embargo, durante la tramitación del presente procedimiento sancionador, se ha producido la publicación de la Ley 25/2009, que supone un cambio en cuanto a la legislación aplicable.
(…)
La Ley Ómnibus ha suprimido para la mayor parte de los casos estas exigencias, al liberalizar la comercialización, entrega, instalación y mantenimiento de estos dispositivos, de forma que ya no será necesario acudir para su puesta en funcionamiento a una empresa de seguridad privada ni cumplir las obligaciones de notificación del contrato al Ministerio del Interior.
(…)
Por lo tanto en el caso que nos ocupa y tras la aplicación de la Ley Ómnibus como ley más favorable para ROMANI 2005, S.L, no se requeriría a la citada entidad que el dispositivo de videovigilancia instalado en el interior del establecimiento de su propiedad, “Farggi”, haya sido instalado por una empresa de seguridad autorizada, pudiendo tratar los datos personales derivado de la captación de las imágenes resultantes, siendo dicho tratamiento conforme a lo previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, siempre que se cumplan el resto de requisitos exigidos en materia de protección de datos enumerados “ut supra”.

Y por tanto el procedimiento queda archivado.

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5 Comentarios

  1. Muy interesante la recopilación. Una cosa es leer en una nota de prensa la opinión de la AEPD sobre cualquier asunto, y otra muy distinta y ciertamente más concreta y aplicable ver su repercusión directa en el archivo de sanciones.

  2. Tras la publicación en el BOE de las modificaciones del Reglamento de Seguridad Privada que ha provocado la Ley Ómnibus, esta actividad sigue estando restringida, en la mayoría de supuestos, a las Empresas de Seguridad Homologadas por el Ministerio del Interior (DGP). Algunas CCAA, como Cataluña, han legislado la actividad de forma más exahustiva, aclarando casuísticas y criterios de responsabilidad que se ponían en duda por las interpretaciones enfrentadas de la ley Ómnibus (DOGC del 7 de abril de 2010. Orden IRP/198/2010, de 29 de marzo). Os aconsejo consultar los foros especializados (http://www.ttcs.es/foros.php) y (http://www.samuelparra.com/2010/01/07/proteccion-de-datos-videovigila ncia-y-ley-omnibus/) donde os podéis hacer una idea de hacia dónde se dirige el sector y cómo queda el asunto.
    CONCLUSION: CONTRATAR SIEMPRE EMPRESAS DE SEGURIDAD HOMOLOGADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA EVITAR PROBLEMAS.

    • Gracias Manel por comentar.
      Entiendo lo que dices, pero parece claro que la Agencia va por otro lado, porque como ves en los enlaces y citas del artículo está desestimando los procedimientos sancionadores.
      Pero ojo, la AEPD tiene potestades en los asuntos relativos a la protección de datos personales, no a la videovigilancia en general. Es decir, que una instalación podría ser ilegal o desestimada como prueba en un jucio por cuestiones ajenas por completo a la LOPD.

  3. La Comisión Mixta Central de Seguridad Privada va a publicar en breve 5 Órdenes Ministeriales del MI relativas a la actualización de las Normas europeas EN de seguridad física aplicables en la actualidad, con la inclusión de las nuevas Normas Reguladoras de las características que deben reunir los sistemas de seguridad electrónicos instalados así como las funciones de las empresas de seguridad privada.

    En el tema que nos ocupa : “Protección de datos, Videovigilancia y Ley Ómnibus” hay un artículo que define explícitamente el criterio del Ministerio del Interior/ DGP sobre la instalación de sistemas de videovigilancia. Os lo transcribo literalmente a continuación: ORDEN del Ministerio del Interior de fecha XXXXXX (Está en trámite administrativo) sobre empresas de seguridad privada.CAPITULO II. Funcionamiento de las empresas de seguridad. SECCIÓN 2ª DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. Artículo 23. Homologación de sistemas de seguridad. ” A los efectos de la normativa reguladora de la seguridad privada, se entenderá por sistema de seguridad, el conjunto de aparatos o dispositivos electrónicos contra robo e intrusión o para la protección de personas u bienes, cuya activación sea susceptible de producir la intervención policial, independientemente de que esté o no conectado a una central de alarmas o centros de control. Se considerará que forma parte de la instalación de un sistema de seguridad, todo aquello que complemente a estos dispositivos, automática, material o procedimentalmente, incluyendo controles de acceso y sistemas de video vigilancia. Cuando la instalación se conecte a central de alarmas, deberá ajustarse a los dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 del Reglamento de Seguridad Privada, considerándose homologados si reúnen las características determinadas en los artículos 22 y 24 de la presente orden.”

    El artículo 22 se refiere al “Material de las instalaciones” Normas UNE-EN etc…) y el artículo 24 a las “Características de los sistemas de seguridad”
    Resumiendo, queda muy claro que las cámaras de videovigilancia (estén conectadas o no, directa o indirectamente, al sistema de CRA) forman parte integrada del conjunto de sistemas de seguridad. Por lo tanto un particular o empresa que ya tenga contratado un sistema CRA (Tipo Securitas DIrect, Prosegur Activa, ADT…) y que quiera instalar videovigilancia, debe hacerlo a través de una empresa de seguridad homologada por el MI. Los “prestadores de servicios” sólamente podrán instalar legalmente sistemas de videovigilancia en el caso de que no exístan de forma previa otros sistemas de seguridad/CRA. Para estos casos, si posteriormente deciden instalar CRA, deberá intervenir siempre una empresa homologada.

    Espero que la Agencia de Protección de Datos se dé la misma prisa para confirmar la adaptación a esta normativa, en el momento que se publique en el BOE, que para comentar la interpretación de la Ley Ómnibus en los sistemas de videovigilancia. Tal como hemos defendido muchos en este foro, poco a poco se están despejando las dudas en cuanto a la legalidad de las instalaciones de videovigilancia tras la pronunciación de los diversos estamentos y organismos intervinientes. Estaba claro que no se podía “liberalizar alegremente” una actividad de Seguridad Privada con elementos tan sensibles como la protección de datos, privacidad de las imágenes y seguridad de las personas y cosas, a pesar de la “Ley Ómnibus”.

  4. Hoy ha salido en el BOE lo que comentaba Carlos hace unos meses, enlace : http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/18/

    La instalación de sistemas de videovigilancia queda definitivamente restringida a las empresas de seguridad autorizadas por el Ministerio del Interior.

    Boletín Oficial del Estado: viernes 18 de febrero de 2011, Núm. 42

    MINISTERIO DEL INTERIOR, Órdenes INT/314/2011, 315/2011, 316/2011 y 317/2011 de 1 de febrero de 2011. LA VIDEOVIGILANCIA NO SÓLAMENTE SEGUIRÁ SIENDO UNA ACTIVIDAD EXCLUSIVA DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD HOMOLOGADAS SINO QUE SE REGULAN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (HOMOLOGACIONES) QUE DEBEN TENER LOS EQUIPOS Y LAS SANCIONES A LOS QUE INSTALEN EQUIPOS SIN ESTAR AUTORIZADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR.

    Estas órdenes especifican explícitamente, entre otras cosas, que: 1) Las cámaras de videovigilancia son susceptibles de provocar actuación policial y, por tanto, se consideran a todos los efectos elementos y parte del conjunto de sistemas de seguridad con independencia de que estén conectadas o no al sistema de alarma (CRA) y 2) La instalación de estos sistemas está reservada exclusivamente a las empresas autorizadas por el MI.

    HABIÉNDOSE PRODUCIDO EN EL DÍA DE AYER LA PUBLICACIÓN EN EL BOE DE ESTA NORMATIVA CREO QUE SE PUEDE DAR POR FINALIZADO EL FORO.

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