Foto de un menor en el escaparate de estudio fotográfico

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Ya vimos que era necesario recabar el consentimiento para utilizar las fotos de niños por parte de un colegio, y el mismo concepto regirá a la hora de colocar por parte de un estudio fotográfico la imagen de un menor en el escaparate de su establecimiento.

En el procedimiento sancionador que veremos, tras presentarse una denuncia por la madre del menor, la apelación a los derechos de autor por parte del fotógrafo es totalmente desestimada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

En el escrito presentado ante la AEPD, la denunciante aseguraba que en el escaparate del establecimiento se había exhibido una fotografía de su hijo sin consentimiento de sus tutores legales. Por este motivo contactó con el establecimiento con objeto de la retirada de las fotografías y presentó una reclamación a estos efectos sin obtener respuesta. En escrito posterior la denunciante aportó un disquete donde figuran fotos del escaparate del mencionado establecimiento.

El fotógrafo manifiestó que la foto expuesta en el escaparate de su establecimiento fue realizada a solicitud de la madre del menor. No obstante, una vez efectuado el trabajo, ésta manifestó no querer la fotografía, por lo cual ésta se quedó en el establecimiento. Aseguró que no necesita el consentimiento de las personas que entran en su establecimiento para la realización de un trabajo fotográfico para la exposición de los mismos ya que está amparado en los derechos de autor como fotógrafo profesional.

La AEPD desestima el argumento del fotógrafo apelando a la jurisprudencia:

Resulta, por tanto, que el derecho a la propia imagen (art. 18.1 CE) se encuentra delimitado por la propia voluntad del titular del derecho que es, en principio, a quien corresponde decidir si permite o no la captación o difusión de su imagen por un tercero. No obstante, como ya se ha señalado, existen circunstancias que pueden conllevar que la regla enunciada ceda, lo que ocurrirá en los casos en los que exista un interés público en la captación o difusión de la imagen y este interés público se considere constitucionalmente prevalente al interés de la persona en evitar la captación o difusión de su imagen. Por ello, cuando este derecho fundamental entre en colisión con otros bienes o derechos constitucionalmente protegidos, deberán ponderarse los distintos intereses enfrentados y, atendiendo a las circunstancias concretas de cada caso, decidir qué interés merece mayor protección, si el interés del titular del derecho a la imagen en que sus rasgos físicos no se capten o difundan sin su consentimiento o el interés público en la captación o difusión de su imagen (STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 6)”

Aunque sí lo estima parcialmente como atenuante junto a otros:

En este hay que considerar que existe una cualificada disminución de la culpabilidad, por cuanto existe un menor grado de intencionalidad del imputado al actuar en la creencia de hallarse amparado por el derecho a la propiedad intelectual, y porque no se acreditan perjuicios causados, ni reincidencia en la conducta infractora.

Y así, finalmente:

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:
PRIMERO: IMPONER a D. B.B.B., por una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.d) de dicha norma, una multa de 1.500 € (mil quinientos euros) de conformidad con lo establecido en el artículo 45.2, 4 y 5 de la citada Ley Orgánica.

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2 Comentarios

  1. Buenos días

    Me gustaría saber a dónde va a parar el importe de las sanciones de la LOPD (Estado, infractores…), y si influye algo el hecho de que la AEPD actúe de oficio o después de una denuncia de un “afectado”…

    Gracias de antemano y un saludo

    • Roberto: el importe de las sanciones revierte en su totalidad en las arcas del estado, sin que importe el origen de la denuncia. De hecho, según la ley y así ocurre siempre, todo procedimiento sancionador se inicia por acción de la AEPD venga de donde venga la documentación que ha dado lugar a la investigación, ya sea denuncia de un ciudadano, de la policía municipal, órganos de consumo, ayuntamientos, etc…

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